La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.
El ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.
La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y expresidentes, en una decena de naciones de la región. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a calificar esta investigación como “el caso de sobornos en el extranjero más grande de la historia”.
La gran mayoría de los países afectados tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.
México y Venezuela, sin embargo, no han acusado formalmente a nadie.
“En el caso de Venezuela es clarísimo porque se trata de una dictadura corrupta y aunque es el país donde más contratos ha tenido Odebrecht, no se sabe absolutamente nada”, afirmó José Ugaz, presidente del capítulo de Transparencia Internacional en Perú y experto en temas de corrupción.
“En el caso México, tiene que ver con la falta de independencia del procurador general y presumo que con que personas del entorno del Presidente de la República como el señor [Emilio] Lozoya [exdirector de Pemex] y otros, están también vinculados a estos casos”, agregó en conversación telefónica con AP.
Odebrecht confesó el pago de 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.
El escándalo creció a finales de 2017 con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de exejecutivos de la constructora –como el exdirector en México, Luis de Meneses–, que involucraban directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos, pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.
Pese a estas evidencias la fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia le pidió divulgar los datos disponibles para facilitar “la rendición de cuentas” y “el control sobre el actuar de la autoridad”, según un comunicado de principios de octubre.
Según Ugaz, exfiscal artífice del desmantelamiento de toda la trama de corrupción del expresidente peruano Alberto Fujimori, las autoridades mexicanas no tendrían por qué tener ningún impedimento para aceptar los términos impuestos por Brasil “como hemos hecho todos los demás países donde está funcionando la investigación”.
Por eso teme que el objetivo de tal actitud sea que la trama mexicana quede impune.
“Sin una autoridad de investigación independiente y con el compromiso de algunos miembros del partido de gobierno en estos casos de corrupción, se produce una mezcla fatal, donde la falta de voluntad política lo que busca es generar impunidad”, sentenció Ugaz.
La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.
