BOGOTÁ, Colombia (AP) — Las autoridades entregarán el sábado a sus familiares los restos óseos de siete de las 43 víctimas de una de las peores masacres perpetradas hace 23 años por los paramilitares en el noroeste de Colombia, informó el lunes la Fiscalía General.
La entrega de los restos de las siete víctimas se realizará el 6 de abril a las 10 de la mañana (1500 GMT) en la iglesia del corregimiento de Pueblo Bello, departamento de Antioquia, a unos 495 kilómetros al noroeste de Bogotá, aseguró vía telefónica a The Associated Press Marisol Ariza, fiscal coordinadora del área de exhumaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía colombiana.
Las exhumaciones se lograron “a través de un plan de búsqueda que empezamos a organizar en el año 2010 para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Ariza, quien además sostuvo que para llegar a esas siete osamentas “se hicieron miles de exhumaciones”. La búsqueda de las otras 36 personas asesinadas sigue, enfatizó la funcionaria judicial.
En enero de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al estado colombiano por la desaparición de los 43 campesinos de Pueblo Bello. Adicionalmente, ordenó pagarles a los familiares de las víctimas una indemnización equivalente a millones de dólares.
Según el relato de la sentencia de la CIDH, un grupo de paramilitares enviados por Fidel Castaño Gil —uno de los fundadores de las llamadas autodefensas ilegales— incursionó en Pueblo Bello en la noche del 14 de enero de 1990. Secuestró a 43 hombres con el argumento de que eran simpatizantes de los grupos guerrilleros que operaban en la zona, conocida aquí como la región del Urabá.
“Los dos camiones, con las personas secuestradas, salieron de Pueblo Bello aproximadamente a las 23:30 horas (0430 GMT del día siguiente) y se desplazaron nuevamente hacia la finca Santa Mónica por el camino que comunica a Pueblo Bello con San Pedro de Urabá en una zona declarada de emergencia y de operaciones militares”, narró la CIDH.
Agregó que “aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 15 de enero de 1990, llegaron a la finca Santa Mónica, donde fueron recibidos por Fidel Castaño Gil, quien ordenó que los individuos secuestrados fueran conducidos hasta una playa del río Sinú, ubicada en la finca Las Tangas”.
Añadió que “una vez allí, Fidel Castaño Gil dispuso retirar los camiones y que los detenidos fueran divididos en dos grupos de tres a cinco personas para interrogarlos sobre un ganado que se le había perdido días antes (…) y sobre la muerte de Humberto Quijano (…) Durante dichos interrogatorios, a algunos de los secuestrados les cortaron las venas, las orejas, los órganos genitales o les ‘chuzaron’ los ojos. Como resultado de esos primeros actos, habrían perdido la vida 20 personas”.
Los sobrevivientes, dijo la CIDH, habrían sido trasladados a una arboleda para evitar que fueran vistos. Alrededor de las siete de la mañana del 15 de enero de 1990 Castaño Gil procedió personalmente con el interrogatorio. Los sobrevivientes habrían sido “golpeados a patadas y puñetazos hasta su muerte. Posteriormente, los paramilitares trasladaron los cadáveres a las fincas ‘Las Tangas’. Cerca de 22 cadáveres fueron transportados hacia otra playa del Río Sinú en la misma finca ‘Las Tangas’, donde habrían sido enterrados”.
Por los hechos de Pueblo Bello, las autoridades colombianas han procesado al menos 15 personas, según la fiscal Ariza. Sin embargo, en concepto de la CIDH, el estado colombiano no adelantó en su momento una investigación seria para esclarecer los hechos.
Actualmente “tenemos muy buenos resultados en materia investigativa”, enfatizó Ariza. “Creo que es la primera vez que un estado que ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentra desaparecidos y los entrega dignamente a sus familiares”.
Fidel Castaño habría muerto a mediados de la década de 1990. Sus otros dos hermanos, Vicente y Carlos, también fundadores de las bandas paramilitares, al parecer fueron asesinados.
