SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina vuelve el martes 27 a rendir cuentas a la nación de su gestión correspondiente al año 2017 ante la Asamblea Nacional, cuando se espera que junto a los logros administrativos, presente respuestas efectivas, alejadas de los esquemas de relaciones públicas, sobre la inseguridad ciudadana, corrupción, educación, salud, empleos y otros problemas que tradicionalmente afectan a la nación.
Se dirige al país en momentos en que se critica su administración no solo por los irresueltos ancestrales problemas nacionales, sino por la mala imagen que se creó tras el nombramiento de Van Troy Suazo como viceministro de la Juventud, quien guarda prisión preventiva por violencia de género. A esto se suma el nombramiento de André Boció Fortuna acusado, hace varios años, de traficar con indocumentados haitianos cuando desempeñaba un cargo consular en Haití.
El mandatario acude ante la Asamblea Nacional en momentos en que el país espera señales sobre su eventual repostulación para optar por la continuidad en el cargo más allá del 2020, lo cual mantiene escindido al Partido de la Liberación Dominicana y la sociedad con los ojos y oídos bien aguzados.
Volverá a escucharse la retórica del mandatario, airear los seculares problemas nacionales aderezados con estadísticas y otras formas de presentación como ocurre cada año cuando a juicio de muchos, la propaganda lo convierte en “logros”, ante una población que pacientemente espera se superan para mejorar su calidad de vida.
Se espera una pieza oratoria en la cual se traten a fondo los problemas nacionales, ausente de evasivas. Sobre todo porque no es tradición del mandatario mantener una línea fluida de comunicación con la población, ya que no es dado a ofrecerá comunicarse con la prensa, como lo reconoció la Sociedad Dominicana de Diarios.
Se espera una pieza oratoria en la cual se traten a fondo los problemas nacionales, ausente de evasivas. Sobre todo porque no es tradición del mandatario mantener una línea fluida de comunicación con la población, ya que no es dado a ofrecerá comunicarse con la prensa, como lo reconoció la Sociedad Dominicana de Diarios.
La persistencia de los males que afectan al país fue reconocido en la última carta pastoral de los obispos dominicanos del miércoles 21 de febrero con motivo de conmemorase el 174 aniversario de la independencia nacional. Para la jerarquía eclesial: “Son males y realidades que nos arrebatan la paz”.
El ambiente político no luce del todo despejado para la celebración de las elecciones del 2020. Amplio sectores de la vida nacional claman porque se establezcan reglas claras para el funcionamiento de los partidos y la regulación del proceso electoral.
En ese sentido, la última reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, celebrada el 5 de febrero, emitió la resolución de dejar en manos del Congreso Nacional, cuya legislatura se inicia este martes, la aprobación de tan importantes leyes, que además son reclamadas por la Junta Central Electoral y la oposición política.
Algo con lo cual lidiará en su pieza oratoria es con las grietas que se proyectan en el otrora monolítico PLD, entre las corrientes pro y anti reelección, manifestada en una confrontación que se filtra por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. El ex alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo dijo que siente la impresión de que milita en un partido que ha decidido su propia destrucción.
“Algunos compañeros han preferido tomar el camino de la confrontación en vez de proposición. No vamos por buen camino. Nuestros dirigentes han sabido llevar al partido por el sendero del éxito y ese patrón ha sido la unidad que nos ha caracterizado”, acotó Salcedo.
Ya las diferencias entre los sectores que se disputan el peledeísmo están bastante acentuados que ya comienzan a manifestarse en la maquinaria del Estado. Se cita como ejemplo el enfrentamiento entre la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago y la alcaldía local y el que sostienen la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación por el nombramiento de funcionarios medios.
