El presidente Danilo Medina denunció ayer la existencia de organizaciones y medios de comunicación que parecen querer conjurar a la República Dominicana debido a los planes migratorios que ha implementado el Gobierno en beneficio de los extranjeros que residen de manera irregular en el país.
Al respecto, el jefe de Estado declaró que la única realidad es que en la República Dominicana más de 350,000 personas han visto regularizada su situación y serán dotadas del estatus documental que les corresponde.
Resaltó que pocos países pueden exhibir un resultado similar en tan poco tiempo en materia de migración, al tiempo que sostuvo que “en el país ni hay, ni habrá deportaciones indiscriminadas o colectivas”.
A continuación, el discurso integro pronunciado por el jefe de Estado ante el pleno de la XLV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA 2015, que se desarrolla en Guatemala:
Señoras y Señores;
Ante todo, gracias a todos los guatemaltecos por acogernos nuevamente hoy en este hermoso país. Y gracias, especialmente, a su Presidente Otto Fernando Pérez Molina.
Cuando hace unos meses visitamos este país, con motivo de la cumbre entre el SICA y España, les felicitamos por estar desempeñando una Presidencia Pro Témpore especialmente activa y dinámica.
En esta ocasión, volvemos a repetir públicamente esta felicitación. Así como nuestro deseo de que los próximos seis meses, en los que El Salvador tendrá la Presidencia Pro Tempore de esta organización, se caractericen por un igual impulso a nuestra agenda de integración.
Porque, no lo duden, en los próximos años vamos a necesitar de este dinamismo, para hacer frente a los desafíos que nos plantean la integración comercial, la seguridad ciudadana o los movimientos migratorios.
Hoy quiero hablarles de este último aspecto. De las migraciones y de las respuestas que debemos darle desde los Gobiernos. Es decir, de las políticas de migración y documentación. Y en concreto de lo que en este campo hemos logrado recientemente en la República Dominicana.
Quisiera empezar recordando que, al igual que el resto de países del SICA, la República Dominicana ha sido durante las últimas décadas un país de emigrantes. Y en buena medida lo sigue siendo.
Cientos de miles de dominicanos y dominicanas viven en Estados Unidos y Europa, en muchas ocasiones manteniendo a sus familias mediante el envío de remesas ganadas duramente con su trabajo.
Esta es una experiencia común en la que se reconocen millones de centroamericanos.
Por eso, en noviembre del año pasado, todos los presentes seguimos con atención la acción ejecutiva que el Presidente Obama tomó para arreglar su sistema migratorio, al que en su momento definió como un sistema roto.
Esta acción se encuentra actualmente en un impasse debido a resistencias en la oposición republicana. Pero, si finalmente consiguen arreglar ese sistema roto, y esperamos que así sea, cientos de miles de nuestros compatriotas centroamericanos y caribeños podrían vivir y trabajar en el vecino país del norte con más seguridad y más derechos.
Obviamente, si a los Estados Unidos, con sus inmensos recursos, la documentación de los migrantes les supone un reto, es lógico que a nosotros nos lo plantee igualmente, y mucho más que a ellos.
En el caso de la República Dominicana, heredamos también un sistema que nos mantuvo durante décadas en una situación de debilidad administrativa. Y que había dejado a grupos enteros, de población, tanto nacionales como migrantes, en situación de indocumentación y vulnerabilidad.
Para poner fin a esta situación, decidimos tomar la iniciativa y dotar a todas las personas que viven en el país con una documentación acorde a su situación. Ya sean dominicanos, extranjeros en situación regular, o irregular.
Dos fueron los principios fundamentales que nos guiaron en esta iniciativa: el estricto respeto a las leyes dominicanas y la protección de los derechos humanos de las personas.
Y dos fueron también los mecanismos legales de los que nos dotamos: la Ley Especial 169-14 y el Plan Nacional de Regularización.
La Ley Especial 169-14 establece dos grandes grupos de personas beneficiarias que se denominaron Grupo A y Grupo B, de acuerdo a su estatus documental.
El Grupo A corresponde a personas nacidas en la República Dominicana, hijos de ambos padres extranjeros en situación irregular y que cuentan con algún tipo de documento expedido por nuestro Estado acreditándolos como nacionales.
Gracias a la ley, 55,000 personas en esta situación han visto reconocida su documentación por la Junta Central Electoral y con ella, su ciudadanía dominicana.
El Grupo B está conformado por hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en República Dominicana y que no contaban con ninguna documentación. Las 8,755 personas que en virtud de la ley solicitaron su registro en el Libro de Extranjería podrán acceder al proceso de naturalización en un plazo de dos años.
En cuanto al Plan Nacional de Regularización, esta iniciativa especial buscaba corregir situaciones migratorias de las personas que estaban en el país de manera irregular.
Al cierre del plazo, 288,486 personas solicitaron su regularización en alguno de los 24 centros de atención que abrimos en todo el territorio y están hoy en proceso de recibir el estatus que ameritan.
Merece la pena señalar que, durante el tiempo que estuvo en vigor el Plan, que fue de 18 meses, las deportaciones se suspendieron. Y que se llevó a cabo una campaña de comunicación e información para dar a conocer estas iniciativas a todos los posibles beneficiarios, además de ofrecer orientación, apoyo en las comunidades y de ofrecer un trabajo totalmente gratuito.
De la misma manera, para facilitar el acceso a los interesados el gobierno incorporó instituciones y organismos con experiencia en la materia, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, UNICEF, la Unión Europea, el PNUD y la Mesa Nacional para las Migraciones, entre otras.
Como quizá sepan, durante los últimos meses, algunos medios de comunicación internacionales y algunas organizaciones, han repetido la teoría de que más de 200,000 personas habrían quedado en situación de apatridia y estarían en peligro de ser expulsados de la República Dominicana.
Esto es completamente falso. Y como no queremos pensar que es un falsedad malintencionada, sino que se trata de un error, vamos a examinar por un momento donde tiene su origen este error en las cifras y cuál es la realidad.
