La X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, a celebrarse en Punta Cana del 1 al 5 de diciembre de este año, pondrá en manos de República Dominicana, país anfitrión, la oportunidad de definir el tipo de relaciones que tendrán América Latina y el Caribe con Estados Unidos, lo que comienza con decidir si el evento será inclusivo.
Es el gran primer encuentro de la región en el actual período de Donald Trump, cuyas maniobras para que haya exclusiones se dan por descontado, antecedido de un clima enrarecido.
El canciller dominicano ha dado seguridades de que será inclusiva, al menos así lo anunció a finales de junio pasado durante un encuentro con líderes de opinión, una decisión soberana que marcaría la diferencia con la IX Cumbre de Los Ángeles en 2022, donde Estados Unidos como anfitrión no invitó, dizque por su historial contra los derechos humanos, a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que generó como protesta la ausencia a nivel presidencial de México, Bolivia, Honduras y Guatemala.
El lema de la cumbre será: “Construyendo un hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida”, a lo que haría honor República Dominicana si mantuviera su promesa de invitar a todas las naciones de las Américas, de lo que se empieza a dudar por la irascible postura de Estados Unidos frente a algunos países y desde el mensaje enviado esta semana por 23 estados de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que frente a los acontecimientos en Venezuela rechazan cualquier forma de intervención.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pese al recurrente discurso elevado de tono, ha dicho que es temprano para decidir si Estados Unidos asistiría si República Dominicana invitara a algunos de los países mencionados.
Aunque solo sería conjeturar a tres meses de distancia, por la beligerancia que muestra Estados Unidos y la genuflexión de gobiernos del área, desde ya se puede especular sobre el gran trance que afrontaría nuestro país.
Habría que entenderlo de inclinarse hacia un lado u otro, pese al riesgo de lesionar el derecho soberano que asiste a nuestros gobernantes como dueños de casa.
