PARÍS. Culpar a los docentes y sancionarlos por la ineficacia de los sistemas educativos puede conducir a una mayor desigualdad y un deterioro del aprendizaje, advirtió hoy la Unesco.
Su informe de Seguimiento de la Educación (GEM) 2017/2018 evalúa el cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), que pretende asegurar una educación gratuita y de calidad para todos en 2030.
En este documento, el segundo tras la adopción de los 17 ODS por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, la Unesco denuncia que se impute a los docentes los problemas de fondo de los sistemas educativos y advierte de los efectos negativos de esa tendencia.
Para el director del informe, Manos Antoninis, culpar a los maestros puede afectar a su comportamiento y hacer que estos dejen de lado a los alumnos más rezagados, provocando con ello un aumento de las desigualdades y un deterioro del aprendizaje.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala a los gobiernos como primeros responsables de garantizar una educación universal de calidad y los conmina a rendir cuentas ante los ciudadanos.
Naciones Unidas, según sus datos, cifra en 264 millones los niños y jóvenes sin escolarizar, de los que el 70% se concentran en África Subsahariana y Asia Meridional.
Un contexto de desigualdad debido en parte a la falta de reglamentación, de transparencia y de mecanismos de control gubernamentales.
En este sentido, el informe revela que el riesgo de corrupción en el sector educativo es mayor que en el de la construcción.
En la Unión Europea, entre los años 2009 y 2014, el 38 % de los concursos relativos a la formación sólo tuvo un licitador, mientras que en la construcción ese porcentaje fue del 16 %.
Para acabar con la lacra de la corrupción, la Unesco propone la creación de organismos independientes que supervisen las políticas educativas, como las oficinas de defensores del pueblo.
Establecer mecanismos de rendición de cuentas, disponer de normativas fiables y reconocer la educación como un derecho exigible judicialmente son las principales peticiones de la Unesco a los gobiernos para garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad.
