El gobierno de Cuba afirmó este martes que la discusión del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) terminó de manera forzada en la Asamblea General de la ONU, y por lo tanto no cuenta no cuenta con el consenso requerido.
El consenso es la forma para garantizar un tratado sólido, efectivo, balanceado y aceptable para todos los Estados, afirmó el representante permanente de Cuba ante la ONU, Rodolfo Reyes.
El texto de ese instrumento fue adoptado este martes en el plenario por 154 votos a favor, tres en contra (Irán, Siria y la República Popular Democrática de Corea) y 23 abstenciones, entre ellas Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, China, Rusia, India, Indonesia, Belarus y Egipto.
La definición del tema en ese órgano principal de la ONU fue impulsada por un grupo de países tras fracasar el pasado jueves la conferencia final de las negociaciones al no conseguir el consenso requerido, como está establecido en los procedimientos vigentes.
Al explicar la postura de Cuba, su embajador subrayó que las evidentes diferencias existentes con respecto a la letra del proyecto impidió el consenso necesario, pero a pesar de eso, “un grupo de delegaciones” forzó una decisión ante la Asamblea General.
Se ha impuesto el enfoque no compartido por Cuba de que el único resultado exitoso posible para este proceso es la adopción de un tratado a cualquier precio, aún cuando no tome en cuenta los legítimos intereses de todos los Estados, precisó.
Lo que se requería, agregó, era continuar negociaciones amplias, transparentes e inclusivas hasta llegar al necesario consenso, agregó.
Reyes indicó que “el tratado resultante de este proceso debía ser sólido, equilibrado y eficaz y ese mandato no se cumplió” y lamentó la pérdida de una oportunidad histórica para dar respuesta efectiva a las graves consecuencias del tráfico ilícito y no regulado de armas.
El representante cubano enumeró una lista de limitaciones presentes en el documento, entre ellas “múltiples ambigüedades, inconsistencias, indefiniciones y vacíos legales”.
Esas deficiencias hacen del tratado un “texto desbalanceado a favor de los Estados exportadores de armas, para quienes se establecen privilegios que van en detrimento de los legítimos intereses del resto de los Estados, incluso en materia de defensa y seguridad nacional”, puntualizó.
Otro defecto radica en que omitió la prohibición de transferencias internacionales de armas a individuos, grupos e instituciones que no están debidamente autorizados por los gobiernos del Estado receptor, destacó.
Al respecto, precisó que se trata de los mismos agentes no estatales que están entre los principales responsables del desvío y el tráfico ilícito de armas y de los flagelos asociados.
Y advirtió que esa omisión debilitó profundamente la eficacia del TCA, pues legitima de hecho las transferencias de armas sin el consentimiento del gobierno del Estado receptor.
También criticó que el tratado no contiene la prohibición de transferir armas para llevar a cabo acciones de uso o amenaza del uso de la fuerza, en contravención con lo dispuesto en la Carta de la ONU, incluyendo actos de agresión.
El texto también privilegió a los Estados exportadores para evaluar a discreción el comportamiento de los importadores sobre la base de un listado de criterios subjetivos e imprecisos que pueden ser objeto de abusos y manipulación por razones políticas, subrayó.
Según Reyes, eso puede obstaculizar el derecho de los Estados a adquirir y poseer armas para su legítima defensa, el cual está reconocido en el artículo 51 de la Carta de la ONU.
El TCA puede convertirse en un nuevo sistema de control de transferencias de tecnologías, equipamientos y partes para afectar su empleo en la esfera civil, alertó.
No obstante, aseguró que “Cuba continuará aplicando medidas para la prevención y combate del tráfico ilícito de armas, consciente de las legítimas preocupaciones humanitarias asociadas al mismo”.
