SANTIAGO DE CHILE. La justicia chilena cerró este viernes –al cabo de 14 años – el emblemático “Caso Riggs” que investigó la malversación de fondos públicos del exdictador Augusto Pinochet, con una condena a tres exoficiales y confiscando 1,6 millones de dólares del monto total defraudado por el militar, cifrado en más de 17 millones.
Después de años de investigación y en un fallo divido, la Corte Suprema condenó a tres exmilitares -Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz- que ayudaron a Pinochet a depositar dinero en cuentas bancarias ocultas en el ya desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos a nombre de él, miembros de su familia y algunos seudónimos.
La justicia ordenó también el decomiso de 1.621.554,46 dólares de bienes de Augusto Pinochet de los que se comprobó su origen ilícito y que escaparon a los plazos de prescripción.
De acuerdo al fallo, dicho monto fue extraído de los “gastos reservados” del Estado chileno a los que Pinochet tenía acceso en su calidad de gobernante de facto (1973-1990).
“Está demostrado que los acusados Vergara Cifuentes, Mac-Lean Vergara y Castillo Cádiz, actuando como funcionarios públicos, se hicieron cargo de la custodia de fondos correspondientes a gastos reservados y, luego, tomaron parte en su sustracción en favor de Pinochet Ugarte o sus familiares, en perjuicio del erario nacional, configurándose de ese modo el delito de malversación de caudales”, dice la sentencia, a la que AFP tuvo acceso.
No obstante, el fallo final determina que el patrimonio total de Pinochet ascendía a 21,3 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones tenían un origen ilícito.
Solo los 1.621.554,46 dólares estaban fuera del plazo de prescripción que marca la justicia chilena lo que impidió condenar a otros implicados y requisar un mayor monto del dinero sustraído de las arcas estatales por orden del exdictador.
El año pasado, la justicia había ordenado restituir a la viuda del exdictador Lucía Hiriart –de 95 años- y a sus hijos un total de 4,8 millones de dólares y una decena de propiedades, correspondientes a los bienes confiscados durante el extenso proceso judicial.
El Consejo de Defensa del Estado apeló esa resolución, frenando la restitución de los bienes. Tras el fallo definitivo de este viernes los Pinochet recibirán unos 3,2 millones de dólares.
El Caso Riggs estalló en 2004, cuando salieron a la luz pública un centenar de cuentas corrientes abiertas a nombre de Pinochet y su familia que estaban ocultas en ésta y otras instituciones financieras fuera de Chile. Por este caso, el exdictador -que murió en diciembre de 2006- alcanzó a ser procesado por la justicia chilena, que además ordenó su arresto domiciliario por algunas semanas, pero no fue condenado.
Las acusaciones de malversación de fondos terminaron de hundir a Pinochet, que encabezó por 17 años una cruenta dictadura que dejó más de 3.200 desaparecidos y unos 38.000 torturados.
El caso estalló cuando una investigación del Senado de Estados Unidos encontró las cuentas corrientes a nombre de Pinochet y su familia en el marco de sus investigaciones por el origen ilícito de dinero para financiar el terrorismo tras el ataque a las torres gemelas en 2001.
Según las primeras investigaciones, la compleja trama financiera para ocultar esa fortuna en el exterior comenzó a tejerse en 1981, en plena dictadura de Pinochet, y siguió una vez que entregó el poder, cuando se mantuvo por ocho años más al frente de la comandancia en jefe del Ejército.
Desde ese puesto realizó los mayores depósitos en las cuentas que mantuvo Riggs. Las cuentas fueron abiertas por medio de “inversionistas no residentes en dichos países” o sociedades financieras constituidas con identidades o pasaportes falsos, según estableció la justicia.
En estas maniobras Pinochet utilizó identidades adulteradas, como variantes de su nombre (Augusto P. Ugarte, A. Ugarte, José Ramón Ugarte y J.P. Ugarte), además de alias como “Daniel López” y “John Long”.
En enero de 2005, el Riggs Bank reconoció haber ocultado las cuentas de Pinochet y aceptó pagar una multa de 16 millones de dólares.
