“La búsqueda de metales preciosos es una forma de locura, que nos lleva a olvidar el valor de la naturaleza y de la vida” (Pablo Neruda).
En una coyuntura marcada por una creciente sensibilidad social frente a la protección del medio ambiente, la comunicación pública se convierte en un componente tan relevante como la propia política ambiental.
En ese contexto, el reciente pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas sobre la situación de la cordillera Septentrional no solo busca aclarar un hecho puntual, sino, también reafirmar un principio esencial: la transparencia como base de la confianza entre el Estado y la ciudadanía.
El comunicado de Energía y Minas establece que en el proyecto ubicado entre las provincias de Puerto Plata y Santiago no se han producido hallazgos de importancia ni existe, a la fecha, ningún plan de intervención o explotación minera en esa zona. Los trabajos realizados han sido exclusivamente de carácter exploratorio, una distinción que resulta clave en un debate público donde con frecuencia se confunden las fases técnicas de evaluación con decisiones de desarrollo o extracción.
En un país que observa con atención cada iniciativa vinculada a sus recursos naturales, este tipo de precisiones adquiere un valor estratégico. La exploración minera, como proceso regulado y normado, no implica por sí misma la autorización para la explotación comercial de minerales.
Se trata, más bien, de una etapa científica y técnica orientada a conocer el potencial geológico de un territorio, evaluar su viabilidad preliminar y generar información que permita a las autoridades tomar decisiones fundamentadas.
De acuerdo con Energía y Minas, en octubre pasado se realizaron pruebas geofísicas aerotransportadas y evaluaciones directas en campo. Los informes técnicos remitidos a la autoridad minera indican que los resultados no fueron satisfactorios para identificar yacimientos de interés económico, razón por la cual no se ha avanzado hacia ninguna fase de desarrollo.
Este dato, lejos de ser menor, refuerza la necesidad de basar el debate público en evidencias verificables y no en percepciones o interpretaciones incompletas.
La concesión de exploración otorgada en julio de 2024, según ha reiterado la actual administración, no conlleva un compromiso automático con la explotación de la zona. Por el contrario, Energía y Minas ha sido enfática en declarar que bajo esta administración no autorizará intervención alguna que ponga en riesgo a ese importante territorio del país.
En este escenario, el diálogo informado entre autoridades, comunidades y organizaciones ambientalistas se presenta como la vía más saludable para fortalecer la gobernanza de los recursos naturales.
La apertura a la información científica y a los datos oficiales no solo reduce la incertidumbre, sino, que contribuye a construir una cultura de participación responsable, donde la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible no se conciban como fuerzas opuestas, sino, como objetivos complementarios al servicio del interés nacional.
