Santiago. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) elevó un recurso contra la decisión de la alcaldía de clausurar una de sus oficinas de cobro.
La oficina de la entidad acuífera operaba en el primer nivel del edificio del ayuntamiento, ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte. En la mañana del martes, un equipo de juristas de la Coraasan, encabezado por Jorge Ortega, acudió ante la presidencia de la Cámara Civil para que sea la justicia la que decida si es reabierta o permanece cerrada.
Mientras que la alcaldía denunció que de forma arbitraria, irregular e ilegal la Coraasan no incluirá en su facturación el cobro de la basura de los munícipes de Santiago, por lo que ha creado una estructura de cobro de manera integral para que dé cumplimiento total a las disposiciones contenidas en la ley 176-07 y otras disposiciones legales y municipales.
“Ya los diferentes departamentos que están ligados a las áreas financieras, jurídicas y de recaudaciones encaminan los pasos necesarios para enfrontar la decisión unilateral e ilegal tomada por la dirección de Coraasan en procura de evitar, que fruto de esta infausta medida, se cree una crisis de orden sanitario que afecte a los ciudadanos de esta demarcación”, expone.
El ayuntamiento se propone cobrarle a la entidad acuífera por uso de suelo que son propiedad del municipio, el servicio de recogida de basura, tanto en su sede principal, estafetas, oficinas, estaciones y subestaciones. Otras reclamaciones serán la de la disposición final de los desechos extraídos de las cloacas e imbornales, así como de los arbitrios por construcción y reconstrucción de áreas que implican la ruptura de calles y avenidas del municipio.
La explicación que da la alcaldía para justificar el cierre de las oficinas es que desde hace un tiempo venía solicitando mediante comunicado el espacio para acoger a los empleados de otras áreas. Mientras, la Coraasan ha dicho que no cobrará en su factura la basura, por lo que el cabildo deja de recibir 500 mil pesos diariamente.
