El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este jueves la quincuagésima reunión del Consejo de Ministros, en la que se aprobó la política presupuestaria anual correspondiente al 2026, en cumplimiento con lo establecido por la Ley Orgánica de Presupuesto.
Durante el encuentro, también se evaluaron los avances de las metas priorizadas del cuatrienio 2024–2028, como parte de la tercera ronda de seguimiento a las políticas públicas prioritarias del Gobierno.
Al término de la sesión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó el informe en su calidad de secretario técnico del Consejo de Gobierno, celebrado en el Palacio Nacional.
«Este marco presupuestario fue formulado en apego a los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, orientado a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas», dijo.
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION SERÁ META PRIORITARIA
De acuerdo al ministro Paliza, el presupuesto del 2026 priorizará la continuidad de políticas públicas que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, como la reforma de la Policía Nacional, la mejora salarial del personal médico y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales.
Además, se asignarán recursos a la Junta Central Electoral para el desarrollo del nuevo proyecto de Cédula de Identidad y Electoral.
REVISIÓN Y EFICIENCIA DEL GASTO
“El Gobierno continuará implementando, a través del Ministerio de Hacienda, una política de revisión y eficiencia del gasto, garantizando que cada peso invertido responda a las verdaderas necesidades de la ciudadanía y al cumplimiento de los objetivos nacionales”, aseguró Paliza.
Mientras que, conforme a los avances logrados con las metas priorizadas, el funcionario destacó que, en un contexto global marcado por la incertidumbre, la economía dominicana sigue mostrando señales de fortaleza.
Eso así, dijo, debido a que el país mantiene un ritmo de crecimiento cercano al doble del promedio de América Latina, gracias a pilares sólidos como el turismo, las exportaciones y una gestión responsable de las políticas públicas.
