El presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Fidias Aristy, opinó que la extradición de dominicanos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado hacia Estados Unidos ha perdido su eficacia como elemento punitivo e indicó que ya no es temida y ha sido desvirtuada.
Pidió que sean juzgados en la República Dominicana los narcotraficantes que son reclamados en extradición, porque aquí han sido debidamente sancionados e imputados por dirigir redes de tráfico de estupefacientes.
En declaraciones a Federico Méndez en el programa “Esferas de Poder”, que se transmite por Santo Domingo TV, afirmó que la extradición no tiene el carácter punitivo y mucho menos disuasorio que tenía antes.
A su vez, advirtió que la mayoría de los capos que han sido extraditados hacia Estados Unidos no suman 20 años de prisión de la totalidad de las condenas que les han sido impuestas.
“La extradición en realidad se ha convertido en un elemento de satisfacción para la delincuencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, ha dejado de ser temida”, manifestó al programa, según una nota difundida por Méndez.
Aristy consideró que llegará el momento que aún sin que se produzca una petición ni una persecución, habrá quien pida su entrega hacia los Estados Unidos, porque “es un gran negocio”.
“El crimen organizado, sobre todo, es una empresa, por llamarle de alguna forma, que se maneja en ese sentido tomando en consideración el costo operativo y el costo beneficio, como cualquier otra empresa”, indicó.
Agregó que se debe procurar el fortalecimiento institucional que posibilite que los delincuentes sean procesados en el país.
Aristy reveló que cuando a Ramón Antonio del Rosario Puente, alias “Toño Leña” le impusieron 72 meses de prisión en Puerto Rico, le produjo una carcajada por lo benigna de la decisión.
Contrario al planteamiento del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, de que sea aprobada la Ley de Extinción de Dominio, sostuvo que con las leyes que existen en el país es suficiente.
El presidente del Consejo Nacional de Drogas afirmó también que si no hay un proceso abierto en el país, los jueces se ven obligados a tener que emitir sentencias ordenando la devolución de bienes incautados a capos extraditados, que no han sido sujeto de decomisos a favor del Estado, según la nota informativa.
“Eso ocurre con marcada frecuencia, y eso constituye un estímulo social negativo, porque se constituye en un elemento de impunidad”, agregó.
