Washington, 23 jun (PL) Ocho congresistas demócratas deben completar hoy un recorrido por dos centros penales en San Antonio, estado de Texas, donde madres centroamericanas permanecen junto a sus hijos, mientras gestionan solicitudes de asilo en Estados Unidos.
La delegación, liderada por Steny Hoyer, subjefe de la bancada demócrata de la Cámara baja, intenta comprobar el estado al que son sometidos los indocumentados, quienes denuncian ser víctimas de maltratos físicos y psicológicos.
Las mujeres y niños que huyen de la violencia y el abuso, y vienen a Estados Unidos en busca de seguridad no son criminales, sino refugiados, aseguró el representante por Texas, Joaquin Castro, integrante de la comitiva.
Debemos tratarlos con compasión, hacer los procesos legales disponibles y encontrar alternativas a los centros de detención que sean apropiados y eficaces, agregó Castro, citado por el diario San Antonio Current. Además de Hoyer y Castro, la delegación incluye a los demócratas Raúl Grijalva (Arizona), Luis Gutiérrez (Illinois), Sheila Jackson-Lee (Texas) y los californianos Judy Chu, Zoe Logfren y Lucille Roybal-Allard.
Integran el grupo de 136 congresistas que dirigieron en mayo una misiva al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, pidiendo el cierre inmediato de los centros de detención familiar.
La visita ocurre un mes después de que obispos católicos estadounidenses reclamaron poner fin al sistema de detención de inmigrantes implementado por el gobierno federal, mientras adelantaron que ese sería uno de los temas analizados por el papa Francisco cuando visite el país en septiembre.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (Usccb, por sus siglas en inglés) publicó en ese entonces un informe en el que denunciaron la situación en los centros de detención de inmigrantes.
De acuerdo con el documento, esos espacios alojan a centenares de miles de inmigrantes en condiciones similares a una prisión, incluidas numerosas madres y familias, a la espera del proceso judicial correspondiente para su posterior expulsión del país.
Los obispos insistieron en su especial preocupación por lo que consideran son condiciones especialmente traumáticas para los menores, como abuso sexual además de la falta de atención médica y acceso al debido proceso.
La Usccb demandó asimismo el desmantelamiento total del sistema y su sustitución con otro.
En esta nación habitan unos 11 millones de personas indocumentadas, a la espera de una ley de reforma migratoria integral que permita su legalización, la cual permanece varada debido a los persistentes desencuentros entre demócratas y republicanos.
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