El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, siendo la cuarta personas que sentencian en el caso Antipulpo, cuyo principal involucrado es Juan Alexis Medina Sánchez.
El tribunal, presidido por Keila Pérez Santana, e integrado por Arisleyda Méndez y Elías Santini, sentenció además a la imputada, representante de la empresa Editorama, S.A., al pago de una indemnización de 20 millones de pesos a favor del Estado Dominicano, por los daños y perjuicios.
Los jueces al ratificar la condición de inimputable de Torres Castellanos, dispusieron que la pena impuesta en su contra sea en un centro especializado por ese tiempo por razones de salud y ordenó el decomiso de un apartamento, ubicado en Guavaberry, en San pedro de Macorís,
El fiscal adjunto Ernesto Guzmán, de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), consideró que el tribunal al declarar culpable a la imputada, validó todas y cada una de las imputaciones establecidas en la acusación.
De su lado, Jorge López Hilario, quien forma parte del equipo de juristas conformados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), que encabeza Jorge Luis Polanco, calificó de correcta la decisión del tribunal apegada al derecho.
Consideró que el tribunal corroboró el ilícito penal, la violación a la ley, su comportamiento contrario a la disposición legal y se obtuvo el primer precedente por un tribunal de fondo.
En el transcurso del proceso, otros imputados del caso Antipulpo: Francisco Pagán, exdirector de la desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE); Julián Esteban Suriel Suazo y Lewin Ariel Castillo, fueron condenados, luego de realizar un acuerdo con el Ministerio Público.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby homologó dicho acuerdo y sentenció a Pagán a cinco años de prisión y tres de ellos suspendidos, a Suriel Suazo, a cinco y tres suspendidos y a Ariel Castillo, dos años de prisión condicional.
Mientras que, al imputado Domingo Antonio Santiago, se le dio un principio de oportunidad, tras acoger el dictamen del ministerio público.
