El Tribunal Colegiado de Puerto Plata impuso 15 años de prisión contra el nacional italiano Giuseppe Sgarbi, sindicado como cabecilla de una red de pornografía infantil y trata de personas que operaba en el área del Caribe desde los años 80.
En la acusación sustentada por el Ministerio Público indica que al momento de la detención del imputado se recolectaron aparatos electrónicos que contenían miles de imágenes pornográficas grabadas por este en su residencia, donde aparecen menores entre 11 y 16 años.
También se presentaron en audiencia múltiples conversaciones en las cuales el imputado Giuseppe Sgarbi habla con niñas de diferentes edades, motivándolas a que vayan a su residencia.
El Ministerio Público acusó a Giuseppe Sgarbi de violentar la disposiciones de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código de Protección para los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como el artículo 24 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, los cuales tipifican la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, abuso físico y psicológico contra menores de edad y pornografía infantil, en perjuicio de dos adolescentes de 16 y 17 años de edad respectivamente.
El fiscal titular Osvaldo Bonilla expresó: “es una condena ejemplar ya que envía un mensaje contundente en contra de los extranjeros que intentan utilizar el país para estas atrocidades en contra de menores vulnerables con padres irresponsables”.
Los representantes del Ministerio Público, José Euclides Vargas y Cinthia Bonetti, demostraron ante el tribunal que preside José Juan Jiménez que los elementos probatorios recolectados resultaron suficientes para sustentar la responsabilidad penal del imputado y lograr la condena impuesta.
Dicha condena se logró no obstante el desistimiento inducido de los padres de las menores, según reveló el Ministerio Público.
En los últimos años varios extranjeros han sido apresados en la zona vinculados a explotación sexual de menores.
Al momento de someter la medida de coerción contra el extranjero, el Ministeiro Público presentó como elementos probatorios una laptop; cámaras fotográficas, varias memorias USB; varios celulares; discos duros de 500 gigabytes; CD’s con vídeos pornográficos; facturas de depósitos de recargas con nombres, las cuales les ponía a sus víctimas; contratos que realizaba con los padres de las adolescentes; preservativos; lubricantes; estimulantes sexuales; consoladores; dinero en efectivo; trajes de baño; pasaportes, y un vehículo marca Ford Focus.
En esa ocasión se estableció que el extranjero pagaba 2,000 pesos a sus víctimas por sostener relaciones sexuales con estas y grabarlas.
