SANTO DOMINGO. El Comité Nacional Contra el Cambio Climático afirmó que la única opción del Gobierno frente a la Odebrecht después de confesar que sobornó con 92 millones de dólares a funcionarios es rescindirle el contrato para que no opera en el país.
Tras solicitar la aplicación de la Ley 340-06, que en sus artículos 11, 1436 y 65 dispone la rescisión de los contratos de las empresas que cometan actos de corrupción.
”Si Odebrecht ha tenido la osadía de exigirle al gobierno de Danilo Medina 700 millones de dólares adicionales para concluir la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina con un retraso de dos años, es porque es rehén de esta trasnacional y víctima de su propia corrupción partícipe y cómplice de la de esta empresa que convirtió al país en centro internacional de lavado de activos y en un burdel para funcionarios nacionales y extranjeros”, dice la entidad.
En nota de prensa enviada a Diariolibre.com, el Comité Nacional Contra el Cambio Climático expresa que es imposible creer en la negativa del gobierno de acceder a la exigencia de Odebrecht y no pensar que esta negativa no pasara a ser un débil regateo para consumo publicitario de un inevitable pago que saldrá de las costillas del pueblo.
“El gobierno, en vez de aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, concertó un acuerdo homologado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, con el propósito de protegerla de la persecución penal de su crimen de corrupción, mantuvo los contratos de esta empresa, especialmente el de Punta Catalina, y ha continuado entregándole millones de dólares para esta obra, como si no hubiese pasado nada”, dice.
Considera que Danilo Medina prefirió perder alrededor de 300 millones de dólares pendientes de desembolso del préstamo del pool de bancos europeos y emitir 500 millones de bonos soberanos, antes de abandonar sus relaciones con Odebrecht, cuya práctica corrupta en el proyecto de Punta Catalina es la causa de la decisión de estas entidades bancarias.
La entidad afirma que la historia de complicidad con Odebrecht en Punta Catalina arrancó con una licitación amañada para favorecerla y con el envío al Congreso Nacional de un contrato que violaba los términos de referencia de esta licitación, al diluir la condición de llave en mano de este contrato, al incorporarle una cláusula de escalamiento de costo, la número 9.1. y al consignar la exención de todo tipo de impuestos mediante la cláusula 12.1.3.
