SANTO DOMINGO.-La Comisión Aeroportuaria informó este viernes que depositará ante la jurisdicción civil una demanda en daños y perjuicios contra la Corporación Aeroportuaria del Este, que previamente los había demando por supuestos ilícitos vinculados con la autorización para la construcción de un aeropuerto en Bávaro, provincia La Altagracia.
Julio Cury, abogado de la Comisión Aeroportuaria, explicó que la demanda en daños y perjuicios es por haber ejercido “de forma maliciosa y temeraria” una vía de derecho sin el menor asomo de fundamento.
Explicó que en el escrito de defensa depositado ante el Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), respondiendo a la demanda de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Punta Cana, “se desmotan esos supuestos ilícitos que no encajan ni a empujones con las actuaciones que observación los miembros de la Comisión Aeroportuaria”.
Cury indicó que la Comisión Aeroportuaria apenas emitió un auto de no objeción y que por lo tanto nunca autorizaron la construcción del aeropuerto, ni tampoco se habrían arrogado funciones de otros órganos públicos al dar su resolución que dio lugar a esta denuncia.
Dijo que la Corporación Aeroportuaria del depositó ante la PEPCA la denuncia antes de que otros dos órganos públicos emitiesen sus respectivos actos administrativos en virtud de los cuales aprobaron la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
“Esa denuncia lo que tenía por propósito era difundir temor, sembrar miedo, entre los otros órganos, específicamente la Presidencia de la República, y el Instituto de Aviación Civil (IDAC) para que no aprobaran la construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Bávaro para de este modo se pudiese prolongar el monopolio aeroportuario en la región este del país”, expresó.
En la denuncia de la Corporación Aeroportuaria del Este pidió que se investigue al ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín; al presidente en funciones de la Comisión Aeroportuaria, Dionis Pimentel; al director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante, entre otras personas, por presuntamente ser posibles infractores de los hechos antes mencionados.
El documento indica que los funcionarios presuntamente cometieron actos ilícitos al otorgar bajo una figura no contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, como lo es la “conformidad y no objeción”, sin haber realizado una licitación previa, a la vez que promovieron e incitaron al Poder Ejecutivo a cometer un acto ilícito con relación a la construcción de dicho aeropuerto.
