La Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (CADOLEC) censuró este lunes la decisión del Senado de la República de gravar las compras por Internet que excedan los US$200, en el marco de la reforma fiscal.
De inmediato, Domingo Rojas Pereyra, presidente de la entidad, pidió a la Cámara de Diputados que modifique el proyecto de reforma tributaria aprobado en el Senado, para revocar la decisión.
El gravamen está contenido en el artículo 54 del proyecto de reforma tributaria.
Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, reclamó que su petición sea considerada una prioridad en la sesión de mañana martes de la Cámara de Diputados.
Afirma que la decisión del Senado contribuirá a retrasar aún más el desarrollo del comercio electrónico y deja sin opción económica para adquirir productos de calidad a los consumidores.
Aseguró que esa decisión viola los acuerdos consignados en el Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta).
Además, que contribuye a reducir la apertura del mercado para las compras y no representa ingresos significativos al Estado.
“Hacemos un llamado al presidente Danilo Medina, que siendo candidato en ninguno de sus planteamientos, ni en su programa de gobierno propuso lo que calificamos como una contrarreforma a las compras en internet y al comercio electrónico, para que detenga ese despropósito surgido en el Senado, ya que el proyecto enviado no lo contempla”, indica el comunicado.
Rojas Pereyra dijo que observa con extrañeza la actitud del Senado y que “ estimamos que se hace necesario que el Instituto Dominicano de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) intervenga en defensa de los derechos de los usuarios”.
Precisó que esa situación , indudablemente, afectará la penetración del uso de internet.
“Las exenciones a las compras por Internet es una conquista que había sido alcanzada por los consumidores dominicanos”, insistió.
Afirmó que más de 22,000 cuentas de Internet serían canceladas por los usuarios por no tener la capacidad de pagar sus compras.
Consideró que “sería un retroceso pretender eliminarlas de un plumazo, máxime cuando, en su afán desenfrenado y su voracidad tributaria, el Gobierno también pretende aumentar los impuestos a los servicios de telecomunicaciones”.