NUEVA YORK, Estados Unidos.-“El mayor escándalo de corrupción en la República Dominicana se está produciendo en este momento, y la prensa local (en su mayor parte) se ha mantenido en silencio”.
Con esta dura afirmación empieza la periodista Ana A. Valdez, de la cadena CNN, un reportaje sobre la situación actual de la República Dominicana, caracterizada por las protestas contra el paquete de impuestos recientemente aprobado en el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo, y las denuncias de corrupción en el pasado gobierno.
Sostiene que el pasado mandato de Leonel Fernández se caracterizó por el gasto rampante de los recursos estatales, en el cual los políticos conseguían autos y casas cada vez más lujosos y pensiones de alrededor de US$12,500 al mes para los funcionarios más altos del partido.
Asimismo, subraya que los funcionarios se pensionaron con sólo cuatro años de trabajo y continuaron trabajando en el Gobierno con nuevos cargos pagados con miles dólares, en un país en el cual el salario mínimo sigue siendo un poco más de 200 dólares al mes.
“Ni un solo político ha sido llevado a la cárcel, o siquiera se ha intentado, incluso aquellos para los cuales existe evidencia incontrovertible de casos horribles de fraude y corrupción”
Resalta, además, los aumentos salariales exagerados de los funcionarios, el amiguismo descarado y la evasión de impuestos.
La reportera de CNN destaca también que el Gobierno usó de millones de dólares del dinero estatal para financiar la campaña presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
Reforma tributaria, corrupción y protestas
“Termina la fiesta, y la población tiene que pagar la cuenta”, expone.
Señala que el Congreso aprobó una reforma tributaria que está siendo ampliamente rechazada por la mayoría del pueblo.
Detalla que la ley busca aumentar los impuestos en general y gravar alimentos básicos, así como las pequeñas compras en Internet, que era una de las pocas maneras de eludir a los abusivos minoristas locales.
“Ni un solo político ha sido llevado a la cárcel, o siquiera se ha intentado, incluso aquellos para los cuales existe evidencia incontrovertible de casos horribles de fraude y corrupción”, subraya.
Resalta que laa reforma tributaria fue aprobada el Congreso, controlado por el Gobierno, en sólo 19 minutos, sin dar lugar a debates.
Agrega que se silenció a congresistas disidentes y no se les dio la oportunidad de hablar.
Indica que una figura central en la situación actual es Leonel Fernández, quien hasta hace 84 días era el presidente de la República Dominicana, cargo que tuvo durante doce años (ocho de ellos de manera consecutiva).
Detalla que la creencia generalizada es que él, personalmente, también controla todos los poderes del Estado: el Gobierno, el Congreso y la Corte Suprema.
“También se supone que controla la mayor parte de los medios de comunicación”, precisa.
“Muchos hechos que ocurrieron durante su Gobierno han enfurecido a los ciudadanos dominicanos, como el que países como Canadá le dieran (a Fernández) un premio al Estadista del Año y lo nombraran el Oráculo de Santo Domingo, sólo porque permitió que una corporación minera de oro con sede en Canadá, llamada Barrick, comenzara sus operaciones en la isla”, expone la periodista.
Argumenta que otro hecho que le resulta sospechoso a muchos es que la esposa de Fernández, Margarita Cedeño de Fernández, es actualmente la vicepresidenta de la nación caribeña.
Sostiene esto ha llevado a un gran número de ciudadanos a plantear problemas de clientelismo, así como la continua participación de Fernández en los asuntos políticos, a pesar de haber terminado oficialmente sus mandatos.
El presidente Danilo Medina, que pertenece al mismo partido político que Fernández, el PLD, fue elegido Presidente el 20 de mayo y planea viajar fuera del país el miércoles 14 de noviembre.
El sábado 10 de noviembre convirtió oficialmente en ley la reforma fiscal, que entró en vigor inmediatamente, en lugar de en enero, como se había propuesto originalmente.
“Mientras la población estaba simplemente empezando a organizarse, a fin de manifestar su descontento, otra ley fue rápidamente aprobada por el Senado. Esta medida penaliza las “expresiones insultantes” contra el Presidente, los miembros del Congreso y los políticos en general, con hasta dos años de prisión, así como entre seis y nueve meses de retención total de su salario por el Gobierno.
Expone que la situación del país ha generado protestas, y resalta las llevadas a cabo la noche del 8 de noviembre, muchos de los manifestantes se reunieron frente al edificio de FUNGLODE (Fundación Global para el Desarrollo), propiedad del ex presidente Fernández, para mostrar su descontento con las medidas recientes.
También resalta que el 9 de noviembre, a las 6 de la tarde los manifestantes se reunieron en el Parque Central de Puerto Plata, y ese mismo día, en Santiago, una manifestación se llevó a cabo en el Monumento a los Héroes de la Restauración.
También cita la protesta llevada a cabo el do mingo 11 en el parque Independencia de la ciudad de Santo Domingo.
