Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy a la Policía Federal mexicana examinar dos nuevos lugares en busca de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi siete meses.
Los dos lugares han sido señalados por los familiares de los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos como sospechosos, por lo que los expertos de la CIDH que acaban de hacer su segunda visita a México enviaron dos oficios al jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, para que sean examinados.
“Esta vez (los familiares) nos trajeron dos demandas muy concretas. Una de ellas con datos precisos, con sus coordenadas geográficas, y otro una sospecha de un lugar en el que, por cómo se encontraba antes y ahora, ellos sospechan que podía haber sido utilizado”, explicó en una conferencia de prensa el médico español Carlos Beristain, integrante de la misión.
La búsqueda tendrá que seguir parámetros como contar con la participación de los familiares, utilizar los recursos técnicos apropiados, contar con personal capacitado y también informar posteriormente a las familias de forma clara y resolviendo sus dudas.
Y es que casi siete meses después de la desaparición de los jóvenes -se cumplirán el próximo domingo- los familiares continúan sin creer la versión oficial que dice que fueron detenidos por policías del municipio de Iguala (suroeste de México), entregados a narcotraficantes y sus cuerpos quemados en un basurero del vecino Cocula.
Los expertos de la CIDH, enviados para hacer un estudio sobre la investigación de esta desaparición, no quisieron hacer hoy valoraciones sobre esta hipótesis, calificada por el entonces fiscal, Jesús Murillo, como la “verdad histórica” y “científica”.
En su anterior visita en el mes de marzo, los expertos exigieron al Gobierno mexicano una copia digitalizada del expediente, que tiene casi 80.000 hojas. Esta les fue entregada pero solo han podido revisar profundamente el 30 % del documento.
Por ello, no quisieron dar detalles sobre sus avances “para no perjudicar la información” ya que están haciendo “una evaluación global de las líneas de investigación” de que disponen, dijo Beristain.
Una de las dificultades que están teniendo, explicó por su parte el abogado chileno Francisco Cox, es la “fragmentación del caso” al “tener a los imputados en un lugar del país, el expediente en otro y que los hechos hayan ocurrido en otro distinto”.
Entre otra actividades, los representantes de la CIDH se han entrevistado con 16 de los detenidos por este caso (hay más de 100 personas entre policías, funcionarios públicos y narcotraficantes).
También han hecho un viaje a Iguala con varios de los estudiantes que sobrevivieron aquella noche, para reconstruir lo sucedido el 26 de septiembre, cuando también murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes.
Los expertos exhortaron hoy al Gobierno mexicano a investigar la supuesta “coacción” que han recibido los familiares durante los casi siete meses de lucha por la aparición con vida de sus hijos.
“La seguridad y la dignidad de los familiares debe ser protegida, por lo que el grupo exhorta a quienes han incurrido en esta ‘revictimización’ a evitarla y pide que se investiguen los hechos, dado que generan confusión y un nuevo impacto psicológico en los familiares”, dijo Beristain.
Durante las tres semanas que ha durado esta segunda visita, han tenido la oportunidad de recoger “información confidencial sobre formas de victimización secundaria y coacción a los familiares” y la han transmitido a las autoridades.
Sin embargo, no pueden dar “más información porque hay elementos relativos a la seguridad de los familiares que pueden estar comprometidos”, dijo el experto.
Los expertos han dividido sus investigaciones en cuatro puntos que están analizando: el proceso de búsqueda, la investigación, la atención a las víctimas y las políticas públicas frente a la desaparición forzada.
Sobre este último punto explicaron que pidieron al Senado agilizar la modificación de la Constitución antes de finalizar el actual periodo legislativo a fin de que sea posible aprobar en un futuro próximo la Ley sobre Desaparición de Personas, una petición que les fue aceptada.
También están examinando el proyecto de Protocolo Homologado de Investigación para la desaparición forzada de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
La próxima visita de los expertos, que pasarán en México tres semanas de cada mes durante medio año, arrancará el próximo 1 de mayo.
