En el caso de Odebrecht, a juicio del consultor jurídico del Poder Ejecutivo,Flavio Darío Espinal, no detendrá la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Aseguró que el Gobierno tiene como objetivo terminar la construcción de la planta Punta Catalina, porque bajo ningún concepto tendría sentido paralizar esa obra, dado los esfuerzos que se han hecho y los recursos que se han invertido para terminarla.
El funcionario recordó que se creó una comisión que evaluó todo el proceso desde el primer día hasta el último en el que rindió su informe, y que incluyó el período previo a la licitación, el proceso de licitación, y la adjudicación, con la asesoría de empresas extranjeras.
Enfatizó, no obstante, que es interés del Estado terminar ese proyecto y defender los términos del contrato que suscribió con la empresa en cuanto a montos, especificaciones, y el fin de la obra, entre otros.
Defensa en arbitraje
Con respecto a Odebrecht y su sometimiento al país en la corte internacional de Nueva York, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo reiteró que de manera firme y categórica el Estado dominicano hará su defensa, pero que aún la empresa constructora no ha introducido su demanda y por tanto considera que esa situación es extemporánea.
Recalcó que la Odebrecht solo ha planteado el sometimiento y por eso la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) le ha respondido “de manera periódica y sistemática”.
Indicó que la Odebrecht continúa construyendo la obra y por eso en el Gobierno esperarán a ver cuál será la evolución del caso.
Reportes de los principales periódicos del país recogen como información principal el conflicto de Odebrecht-CDEEE por un reclamo de pago de US$708 millones asumidos como un costo adicional de esa empresa en el proyecto eléctrico Punta Catalina que se construye en la provincia Peravia para instalar dos plantas de generación a carbón y que adicionarán al sistema 720 megavatios.
A principio de este año la CDEEE realizó una misa conmemorativa de su 63 aniversario en la parroquia San Juan Bosco, y al final su titular, Rubén Jiménez Bichara, reveló la existencia del conflicto con la Odebrecht por los US$708 millones que esta dice incurrió en gastos extras.
La información aparece en los archivos de los principales medios escritos y digitales. El contrato de la Odebrecht con el Gobierno dominicano, vía la CDEEE, para la construcción de las dos plantas a carbón fue inicialmente de US$1,945 millones.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE manifestó en ese momento que han tenido el cuidado de que este proceso de arbitraje internacional con el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, que construye las plantas a carbón en Punta Catalina-Baní, no paralice la construcción de la obra, ya que esto podría hacer que salgan de control los costos, dice textualmente una publicación en este medio. Espinal fue entrevistado ayer en el programa televisado El Día que produce Huchi Lora por Telesistema canal 11, cuyo tema central de la entrevista fueron los casos de arbitraje que enfrenta el Gobierno en las cortes internacionales, especialmente el de Lajún y el de Odebrecht.
Sobre estos casos se pronunció el presidente de la Asociación de Industrias (AIRD), Campos de Moya, quien garantizó el apoyo del sector empresarial al Gobierno en los procesos de arbitraje. Considera “una falta de vergüenza que los propietarios de esas empresas hayan llevado al país un arbitraje internacional.
LAJÚN:
La empresa que administra el vertedero de Duquesa, en el municipio Santo Domingo Norte, Lajún Corporation, demandó al Estado dominicano por US$300 millones. En respuesta a esto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo recientemente que es un absurdo la demanda que hace Michael Lee-Chin, un inversionista de origen jamaiquino, que alega que sus derechos han sido vulnerados porque había adquirido los terrenos en los que por diez años estuvo administrando el vertedero de Duquesa, bajo la empresa Lajún Corportation. El país registra siete casos.
