El tecnicismo jurídico, sumado a estrategias de la defensa legal de los demandados, y al congestionamiento de la jurisdicción inmobiliaria, no han contribuido con la celeridad del conocimiento de la demanda de nulidad de los títulos expedidos a particulares en Bahía de las Águilas, Pedernales, retomada por el gobierno a mediados del 2013.
Esa situación hace improbable que el proceso concluya en la actual gestión del presidente Danilo Medina, en cuyo gobierno se retomó la demanda, con el interés de recuperar los terrenos para impulsar un plan de desarrollo turístico en la zona.
No obstante, el gobierno ha decidido no esperar que terminara la litis judicial y el jueves pasado lanzó un Plan de Desarrollo Turístico denominado “Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales o Fideicomiso DTPRD”, mediante el decreto 186-15.
Proceso judicial
En el conocimiento de la litis, que involucra a miles de metros de terrenos, han transcurrido dos años desde la presentación de la demanda de nulidad de los certificados de títulos expedidos a particulares, a mediados del 2013, sin que a la fecha el caso haya concluido.
Solamente entre la fecha de la sentencia de primer grado (Tribunal de Jurisdicción Original), el 25 de agosto de 2014, que dispuso la nulidad de los títulos, hasta el inicio del conocimiento de los recursos de apelación, el 25 de marzo, transcurrieron ocho meses.
A la actual gestión del presidente Medina le queda un año y dos meses, tiempo que parece insuficiente para contar con una sentencia definitiva, ya que el proceso iría a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) después que el Tribunal Superior de Tierras decida los 78 recursos de apelación que sometieron los demandados, debido a que por lo general la parte perjudicada recurre el fallo en casación.
También es posible que llegue al Tribunal Constitucional, aunque en esa jurisdicción el recurso que se presente no suspende la ejecución de la sentencia, al menos que el tribunal lo decida, previa solicitud.
El proceso judicial se encuentra en fase de apelación. Hoy el Tribunal Superior de Tierras continúa con el conocimiento de los 78 recursos de apelación sometidos por los demandados en contra de la sentencia de la Octava Sala del Tribunal de Jurisdicción Original, que dispuso la nulidad de 1,066 títulos de propiedad.
El gobierno apoderó a la jurisdicción inmobiliaria del caso después que sectores de la población rechazaran un acuerdo transaccional que suscribiría el gobierno con los poseedores de los terrenos, que recibirían el 45 por ciento del monto de la venta. Ese acuerdo fue anunciado el 18 de febrero de 2013 y revocado pocos días después antes de ser firmado.
Aplazamientos
Los aplazamientos de las audiencias han sido por un tiempo que oscila entre tres y ocho meses, tanto en primera como en segunda instancia.
En julio del 2013 la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierra de la Jurisdicción Original, Alba Luisa Beard Marcos, fijó para el 7 de octubre de ese año la audiencia para conocer la demanda de nulidad de los terrenos, presentada por el Estado.
En esa fase, el primer aplazamiento fue por ocho meses. Ocurrió el 7 de octubre de 2013, cuando la jueza reenvió el conocimiento del caso para el 5 de mayo del 2014. En esa ocasión, ordenó al Estado dominicano, de oficio, hacer un levantamiento sobre las superficies de los terrenos de Bahía de las Águilas, cuyos títulos de propiedad alega son nulos. Luego, el proceso fue rápido, aunque fueron celebradas varias audiencias en las cuales la magistrada rechazó la mayoría de los incidentes presentados.
Finalmente, el 25 de agosto del 2014, la jueza declaró sin ningún valor y efecto jurídico los títulos expedidos a favor de particulares, durando el proceso un año y un mes en primer grado. El 25 de marzo pasado inició el conocimiento de los recursos de apelación. En la primera audiencia, el Tribunal Superior de Tierras también rechazó varios incidentes y dispuso que el Registro de Títulos de Barahona realice un inventario de una parcela.
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PLANES DE DESARROLLO
El pasado jueves el gobierno lanzó un Plan de Desarrollo Turístico en la provincia Pedernales, con la creación del denominado “Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales”, mediante el decreto 186-15, con el cual otorgó poder al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para que dirija el proyecto.
También, mediante el decreto 212-15, el gobierno creó el Gabinete Turístico, como instancia de coordinación encargada del análisis, definición, seguimiento y evaluación de las estrategias, programas y acciones para el desarrollo de la Región Enriquillo.
A principios del 2013 el gobierno anunció un acuerdo con los poseedores de los terrenos, para lo cual otorgó poder al consultor jurídico, César Pina Toribio. Ese plan fue revocado por el presidente Medina, debido al rechazo que recibió, ya que contemplaba que los poseedores de los terrenos recibirían el 45 por ciento de los beneficios. Este acuerdo tenía por objeto poner fin a la litis judicial por el derecho sobre terrenos registrados, diferente al anunciado el pasado jueves, que no lo contempla.
