Rep. Dom.- Alba Iris Núñez es una ciudadana dominicana, nacida, criada y residente en la ciudad de Santiago de los caballeros, en la parte norte del país. Ella no tiene ningún tipo de méritos políticos, económicos, profesionales ni sociales; elementos que en nuestra sociedad hacen a cualquier persona posible de una persecución judicial por la comisión de un delito, sin importar la gravedad o no del ilícito cometido.
La mujer, residente en la comunidad de Cecara está acusada de matar a una perra a cuchilladas y a golpes con un pedazo de block, razón por la cual ha sido iniciado un proceso judicial en su contra, el cual incluye una evaluación psicólogica ordenada por la Fiscalía de Medio Ambiente, y de determinarse que su estado mental es lúcido podría ser condenada hasta un año de prisión por el asesinato del animal.
Ciertamente Núñez cometió una violación y quien infringe la ley debe responder por ante las autoridades correspondientes. No obstante, cabe reconocer que él, la o los promotores de la acción en contra de la dama, si es que en nuestro país a una mujer pobre se le puede llamar dama, están actuando apegados a sus facultades legales, aunque con la persecución busquen o no alcanzar notoriedad pública.
No obstante, nadie sabe y tampoco nadie se explica donde estaban los promotores de esta acusación cuando se conoció la información sobre el horrible asesinato de siete caballos en Santiago, propiedad de los denominados cocheros.
El sacrificio de los caballos involucra a la doctora Marilyn Lois Liranzo, encargada de Protección Animal de la Procuraduría General de la República, quién alega que previamente los caballos fueron examinados por tres veterinarios de la Dirección General de Ganadería, quienes detectaron en estos Contagio de Anemia Infecciosa Esquina, motivo por el cual se les aplicó la eutanasia o muerte asistida.
Estos siete animales, que representaban el sustento económico de igual número de familias, fueron ejecutados en una finca del municipio de Laguna Salada, en la Línea Noroeste, sin la autorización de las autoridades locales de esa demarcación, lo que coloca a los responsables de la masacre en una situación de irregularidad por la violación a las normas municipales.
Realizando un recorrido por el Código Penal Dominicano hacemos una parada en el artículo 295, el cual señala que el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio, y con esa especificación nos situamos frente a la realidad de que si se va a sancionar a la mujer que mató a la perra, entonces debe actuarse de la misma manera contra quienes mataron siete caballos, los cuales pudieron ser sometidos a un proceso de tratamiento hasta lograr su recuperación.
Justo es reconocer que la dirección de la organización política Frente Amplio informó que sus abogados trabajan en la preparación de un expediente en contra los implicados en el caso, por consider que la matanza de los caballos es una acción abominable y sin precedentes en la historia municipal de Santiago, que debe ser castigada de manera ejemplar.
Ojalá y que cuando la demanda de la entidad política en contra de los acusados de disponer el sacrificio de los caballos llegue a los tribunales, reciba el mismo trato que recibió la querella en contra de la mujer acusada de matar la perra, para así garantízar el respeto al debido proceso, al margen de que la responsable del primer caso es una mujer humilde y los responsables del segundo caso son personas de poder e influencia.
