SANTIAGO.-El ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo, declaró que luego de la aprobación, de parte de la Cámara de Diputados, de la Ley General de Salarios para el Sector Público, esa institución comenzará, de inmediato, a trabajar en la reglamentación, herramientas teóricas y metodológicas para su aplicación, la cual no se limita a los altos directivos de las instituciones públicas, sino que abarca a todos los servidores partiendo con el procedimiento de describir los cargos, valorarlos, establecer sus competencias, determinar sus perfiles y fijar una escala salarial.
Ventura Camejo valoró la aprobación definitiva de esa importante Ley. La Cámara de Diputados rechazó, en su totalidad, las observaciones con las que el Poder Ejecutivo devolvió la pieza al Congreso Nacional en agosto del pasado año
(El presidente de la Cámara de Diputados, el santiaguero Abel Martínez, se había comprometido con el ministro Ventura Camejo, a motivar a sus colegas para la aprobación de la importantísima legislación antes del 16 de Agosto).
Destacó que esa legislación va a contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad y la transparencia en la administración pública. Recordó que la Ley de regulación salarial del Estado Dominicano, se corresponde con un mandato expreso contenido en el artículo 144 de la Constitución, según lo informó el periodista Luís Céspedes Peña.
El funcionario habló con los periodistas durante el inicio de los trabajos de ampliación del Hospital José María Cabral y Báez, con la asistencia del ministro de Salud Pública, Wilfredo Hidalgo, el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel, el director de ese centro hospitalario, Rolando Báez, la directora regional de Salud, Austria De la Rosa, el director provincial de la misma entidad, Ramón Martínez, el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Silvio Durán, Manuel Ventura Ureña, de COBA, y otros funcionarios.
El funcionario manifestó que la Ley es respetuosa del grado de independencia de los Poderes Legislativo y Judicial. El Proyecto de Ley General de Salarios fue consensuado por el MAP con las principales instituciones de la sociedad civil, el sector empresarial, los centros académicos, instituciones del Estado y gremios de todo el país.
Dijo que los órganos constitucionales, como son los casos de la Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas, Banco Central, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, las compensaciones de sus servidores será establecida directamente por sus respectivos órganos superiores, sin injerencia del Poder Ejecutivo, pero sí con la obligación de respetar los principios, incompatibilidades y prohibiciones establecidas para el sector público.
El ministro Ventura Camejo afirmó que el propósito de la Ley de regulación salarial es estandarizar, para todas las instituciones estatales, los componentes del sistema retributivo, el régimen de incompatibilidades y prohibiciones asociadas al sistema para alcanzar una remuneración del sector público justa y equitativa.
Observó que la legislación deberá servir de estímulo a los servidores públicos, pero sustentado en el rendimiento y productividad.
Destacó que uno de los puntos que enfrenta la Ley, es el de la inequidad, que resulta en que los sectores más bajos del sector público reciben una remuneración muy baja, en comparación con la función que desempeñan.
