El ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo, denunció que algunos sectores “privilegiados”, opuestos a la aplicación de la Ley General de Salarios para el Sector Público, tratan de obstaculizar esa normativa incoando un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).
Ventura Camejo señaló que esas son informaciones con las que cuenta el Poder Ejecutivo. La ley de Salarios está marcada con el número 105-13.
El ministro indicó que “hay sectores que están torpedeando la implementación de la Ley de Salarios, porque afecta privilegios cuyos beneficiarios estarían tramando de recurrir a una supuesta inconstitucionalidad de la legislación”.
“Esto sería una ofensa a las legítimas aspiraciones del pueblo dominicano”, precisó el funcionario, según lo informó el periodista Luís Céspedes Peña.
Recordó que la Constitución de la República establece en su artículo 144, que será la Ley la que determinará el salario de todo el Estado Dominicano y que el Congreso cumplió con ese mandato.
“Para la República Dominicana, es un hecho trascendente el que se haya aprobado la Ley General de Salarios para el Sector Público, porque ésta va a transparentar los salarios en el Estado, en virtud de que establece una jerarquía salarial importante en este proceso de racionalización de la administración pública y tiene un gran alcance social, porque reducirá la inequidad salarial”, destacó.
El máximo representante del Ministerio de Administración Pública (MAP), reveló que ya fue elaborado un borrador para el Reglamento de Aplicación de la Ley, en el cual será incluido un elemento nuevo: La definición de cuál debe ser el salario mínimo indispensable para los empleados públicos de menor nivel.
“De este punto no se está hablando mucho, pero es muy importante, porque se trata de garantizar que los empleados públicos que menos ganan tengan el poder adquisitivo necesario para tener acceso a la canasta básica”, indicó Ventura Camejo.
Precisó que el Reglamento contemplará que los salarios estén regulados por las autoridades específicas de cada área de la administración pública.
“Esto significa que no habrá ninguna intromisión en ningún poder del Estado, porque, por ejemplo, la regulación salarial del Congreso sería hecha por el propio Congreso a través de una reglamentación”, advirtió.
El ex presidente del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), explicó que la regulación del Poder Judicial sería hecha por los titulares de cada una de esas ramas. Dijo que la regulación del sector financiero estaría hecha por sus titulares. Agregó que en el caso del Poder Ejecutivo, las haría el Ministerio de Administración Pública.
