La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) publicó en su portal web tres auditorías realizadas a ministerios e instituciones durante la gestión del presidente Danilo Medina, que inició en el 2012 y se extendió hasta agosto de 2020.
Estos informes de auditorías corresponden al Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, que fue encabezada por Donald Guerrero Ortiz hasta agosto de 2020.
Donald Guerrero fue el principal acusado del caso de corrupción administrativa designado por el Ministerio Público como “operación Calamar”, a través del cual se le acusaba junto a otros exfuncionarios del desfalco de más de 41 mil millones de pesos al Estado, presuntamente para favorecer la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2020.
Asimismo, al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2020, mientras Berlinesa Franco era la figura principal de la entidad por casi todo este periodo señalado.
En abril de 2020, Franco renunció del cargo tras las acusaciones de irregularidades en el proceso de compras y el entonces presidente, Danilo Medina, destituyó a otros siete funcionarios de la entidad.
La última auditoria publicada por la CCRD corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, mientras la institución era representada por, José Manuel del Castillo Saviñón (2012-2016); Juan Temístocles Montás (2016-2017) y Nelson César Antonio Toca Simó (2017-2020).
Cada uno de estos informes se realizó atendiendo a enfoques distintos. En el caso de Hacienda la auditoria fue ordenada en el 2021 y se analizaron las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del organismo.
En esta auditoria la Cámara de Cuentas observó que los estados financieros contienen partidas que por sus características y registros no son razonables. Entre estos se consideran expedientes de pago de RD$46, 580,555 que carecen de soporte contable; ingresos de RD$109,521, no depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT); Debilidades en los expedientes de adquisición de combustible; Pagos por servicios de asesorías por valor de RD$19, 383,333, asumiendo obligaciones tributarias.
Asimismo, contratación de consultorías sin cumplir formalidades legales tales como: ausencia de procedimiento de selección, sin aplicar las normas especiales para su contratación у proceso de selección inadecuado por un monto de RD$4,915,102, RD$795,000 у RD$6,313,000, respectivamente.
Bienes de uso por valor de RD$808,064, no registrados en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB); Bienes de uso por un monto de RD$283,895, no identificados ni ubicados físicamente, entre otras cosas.
En el caso de Inaipi, la auditoria estuvo focalizada en los procesos de compras y contrataciones, donde se presentaron inobservancias, conforme a la CCRD, con inconsistencias en la adquisición de 40 mil kits de productos alimenticios, denominado Inaipi-MAE-PEUR-2020-0002, por valor de RD$ 100, 000,000., el cual presenta contrataciones de bienes no incluidos en el alcance de los decretos base para declarar de urgencia por la condición del Covid 19.
Incumplimiento en la entrega oportuna de productos contratado con el proceso de urgencia para prevención del Covid 19 por un monto de RD$ 61,608,923; Incumplimientos e inconsistencias en las contrataciones por emergencia Covid 19, denominado Inaipi-MAE-PEEN-2020-0001 por el monto de RD$I03,540,822.
Así como otras inconsistencias e incumplimientos detectados por los auditores de la entidad y de los que se buscó la reacción de la entonces directora, Berlinesa Franco.
En tanto que la auditoria de Industria y Comercio se concentra en la ejecución presupuestaria, donde se encontraron transferencias bancarias de RD$ 18, 575,212 por concepto de compensaciones de uso de vehículos (2016) y horas extraordinarias (2015), respondiendo los exministros Temístocles Montás y Nelson Toca Simó, que en la fecha señalada “no se pagó un solo centavo por lo señalado”.
“En el periodo de 16 de agosto del 2016 al 16 de agosto del 2020, no se pagó un solo centavo por compensación por uso de vehículo y las horas extras se pagaban con las normativas vigentes y estaban validadas por las Instituciones rectoras de la Administración Financiera Pública y de Administración Pública”, respondieron en una carta conjunta en fecha de noviembre de 2022, donde no evidenciaron soporte que subsane lo planteado por los auditores.
En general la CCRD detectó estados financieros no elaborados; diferencia entre la nómina física y la ejecución presupuestaria, por un monto de RD$ 44, 472,214; diferencia del cálculo del impuesto sobre la renta a asalariados por RD$ 17, 607,235; Cargos de asesores sin autorización del Ministerio de Administración Pública, ascendente a RD$ 228,700,448.
Personal en nómina con relación de parentesco con funcionarios de la entidad, erogando el monto de RD$ 4,999,667; Pagos por servicios de inteligencia carentes de soportes que justifiquen las erogaciones, por valor de RD$270,000,000; Pagos de raciones alimenticias carentes de documentos soporte, ascendente a la suma de RD$137,488,896, entre otras cosas.
