El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo este martes que procede que la justicia otorgue una prórroga para presentar la acusación del Caso Coral, un caso en el que ya el Ministerio Público demostró la complejidad del proceso.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) resaltó que el Ministerio Público está listo para conocer la prórroga, luego de que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, aplazara la audiencia para el próximo martes 25 de enero, a las 2:00 de la tarde.
“En la audiencia del día de hoy, el Ministerio Público vino listo para conocer su solicitud de prórroga y por segunda vez la defensa huye; solicita al tribunal un plazo adicional para estudiar los elementos que ha presentado el Ministerio Público en esta prórroga, que no hay que hacer grandes análisis para darse cuenta de que a todas luces procede”, manifestó.
Resaltó que el Ministerio Público ha dado muestra de que por la complejidad de los casos de corrupción que investigan los fiscales necesitan que se le otorgue el tiempo prudente, un plazo que aprovecha tal y como demostró en la presentación de la acusación de la Operación Anti Pulpo.
Camacho dio estas declaraciones a periodistas que lo abordaron al salir de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Asimismo, al responder preguntas sobre cuestionamientos de la defensa ante la solicitud de extensión del plazo en el Caso Coral, agregó “lo que se está obviando en ese planteamiento es que estas investigaciones implican siempre mucho tiempo; este caso tiene una línea de tiempo que es 2010-2021, estamos hablando de una investigación que abarca 11 años”.
Añadió que estos casos implican la investigación de muchas personas y declaró que una muestra de esto es que este caso fue dividido entre Coral y Coral 5G por la cantidad de personas bajo investigación.
“En estos casos se investigan muchas personas jurídicas, es decir, se investigan muchas empresas y eso hace necesario que el Ministerio Público tenga el tiempo prudente, el tiempo razonable para que cuando presentemos nuestra acusación, igualmente, blindada, esas acusaciones involucran a todas las personas que participan en estos entramados de corrupción”, subrayó el titular de la Pepca.
Camacho también destacó el compromiso del Ministerio Público para que “todo el que participe en un entramado de corrupción se siente en el banquillo de los acusados a responder por sus hechos”.
En mayo del pasado año el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras se continúa profundizando la investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.
El grupo es acusado por incurrir en los delitos asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones con un amplio equipo de fiscales.
El supuesto entramado criminal desmantelado con el Caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público los acusa de realizar operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
De este caso se desprendió la Operación Coral 5G, por la que también fueron impuestas medidas de coerción a 13 personas, la mayoría con prisión domiciliaria y preventiva, incluyendo a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Julio Camilo De los Santos Viola (FARD), quienes desde diciembre pasado cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
