El Ayuntamiento de Santiago incumplió disposiciones legales y contables en el 2012, lo que provocó efectos distorsionantes importantes en su Estado de Ejecución Presupuestaria que involucran más de 220 millones de pesos, afirmó este miércoles la Cámara de Cuentas.
Los auditores de la institución emitieron una opinión adversa del informe de auditoría alegando que el estado de ejecución presupuestaria del ayuntamiento de Santiago no presentó razonablemente en todos los aspectos importantes los ingresos y desembolsos, de conformidad con las normas de contabilidad del sector publico emitidas por Dirección General de Contabilidad Gubernamental con la Ley Organiza de Presupuesto 423-06 y el manual de clasificadores presupuestarios para los ayuntamientos.
Entre las inobservancias de este cabildo se encuentran incumplimiento de contratos por recolección de residuos sólidos por más de 147 millones de pesos, erogación a regidores por supervisión de obras de 3.6 millones de pesos, combustibles suministrados a recolectoras de residuos sólidos sin deducirlo de sus facturaciones por un monto de 5.6 millones de pesos y entrega de recursos a regidores sin soportes justificativos por 3.1 millones de pesos.
De acuerdo con una nota de prensa, otros hallazgos fueron el pago de más de 45 millones de pesos por obras realizadas sin evidencia de contratos entre las partes, erogación de 410 mil pesos a empleados con grado de consanguinidad con funcionarios municipales, 3.1 millones de pesos en pagos en obras que exceden los trabajos realizados, 5.9 de inconsistencia en la información financiera en el renglón de servicios personales, 12.7 en la distribución porcentual de los ingresos diferentes al límite establecido por ley; así como el pago de 729 mil pesos en valores no remitidos al Fondo de Pensiones para los Trabajadores de la Construcción y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA.
El informe señala que las inobservancias de leyes fueron por un monto de más de 228 millones de pesos, durante la gestión del alcalde Juan Gilberto Serulle Ramia.
La auditoría de la Cámara de Cuentas reveló que a los regidores se les entregó 6.7 millones de pesos en el 2012, 3.1 millones de pesos para entrega de ayudas sin soportes justificativos y 3.6 para supervisión de obras, sin embargo el Cabildo informó que ese monto fue utilizado para el pago de dietas de entre 75 mil y 120 mil pesos a los concejales.
Asimismo se comprobó que el ayuntamiento tenía empleados fijos con parentesco de primer y segundo grado con el alcalde y un regidor; en transportación y otra oficina en violación de la Ley La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios del 17 de julio del 2007.
