La capital brasileña amaneció hoy con la seguridad reforzada, restricciones de tránsito y unos 4.000 policías en su zona central, en previsión de incidentes por un juicio en que se decidirá la suerte del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La audiencia será en la Corte Suprema y en ella será determinará si se acepta un habeas corpus intentado por la defensa de Lula, con el cual intenta impedir que sea encarcelado, tras haber sido condenado en segunda instancia a doce años de prisión por corrupción.
Si el recurso fuera aceptado, Lula podría permanecer en libertad mientras se tramiten las dos últimas apelaciones posibles, pero si fuera negado podría ir a la cárcel en cuestión de días.
Diversos grupos que respaldan la tesis de que Lula es objeto de una “persecución política” han anunciado que se manifestarán frente al Supremo hoy, pero también harán lo mismo aquellos que consideran a Lula culpable de corrupción y quieren verle tras las rejas.
Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades decidieron que ambos bandos serán separados por vallas metálicas y tendrán un sitio particular para seguir las incidencias de la audiencia, en el área externa de la sede del Supremo.
También fue cerrado al tránsito la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida en la que se encuentran todos los edificios del poder público y en uno de cuyos extremos se encuentran el Palacio presidencial, el Congreso Nacional y la sede de la Corte Suprema.
Las movilizaciones se registraron en decenas de ciudades del país, en las que fueron claramente mayoritarias aquellas en la que se exigió que el expresidente vaya a la cárcel.
Según los abogados de Lula, aún ratificada una condena en segunda instancia, como es su caso, todavía restan apelaciones en tribunales superiores y, por tanto, la pena todavía no puede ser ejecutada.
Sin embargo, a esa tesis se opone una cautelar dictada por el propio Supremo en 2016, que autoriza el encarcelamiento después de que un fallo haya sido confirmado en segunda instancia.
En esta causa penal, una de las siete que Lula enfrenta en los tribunales, fue hallado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista.
La sentencia en la primera instancia fue de nueve años de cárcel, pero luego fue aumentada a doce en una corte superior.
