Brasil comenzó hoy la cuenta atrás para despejar el futuro político del país después de que el Senado anunciara que a partir del 25 de agosto iniciará el juicio final que decidirá si la presidenta suspendida Dilma Rousseff es destituida definitivamente o retoma las riendas del poder.
El destino político de Rousseff, en el aire desde el pasado 12 de mayo cuando fue suspendida, será desvelado una vez finalicen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, una cita que fue planificada por su Ejecutivo pero que ahora vigila de cerca el presidente interino, Michel Temer.
Mientras avanza la competición deportiva, Temer, quien hasta el pasado mayo fue el discreto vicepresidente de Rousseff, prepara el terreno político para asumir el poder de manera definitiva, mientras los apoyos legislativos de la presidenta se debilitan con el paso de los días.
Las esperanzas de Rousseff para recuperar su cargo se han desvanecido en la recta final del proceso de destitución, especialmente después de la votación del Senado, que esta semana aprobó por 59 votos a favor y solo 21 en contra un informe que recomienda destituir a la presidenta.
El último asalto del juicio político contra la jefa de Estado comenzará a partir del 25 de agosto en la Cámara Alta, un ring en el que Rousseff se lo juega todo.
Para que se apruebe la destitución, será necesaria una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) entre los 81 senadores, una cifra que se presume accesible para los favorables a la salida de la mandataria después de la primera votación realizada esta semana en la Cámara Alta.
Para intentar frenar el proceso, la presidenta suspendida, con fama de perseverante, ha apelado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de suspender el juicio, el cual considera de “ilegal”.
Pero Rousseff, recluida en el Palacio de la Alvorada, guarda otro as en la manga y prepara la última carta de su baraja política para convencer a los senadores e intentar revertir un desenlace que, entre bastidores, parece inevitable.
La mandataria suspendida ultima los detalles de la Carta a los Brasileños, un documento en el que ha adelantado que propondrá al país convocar a unas nuevas elecciones presidenciales a la mayor brevedad en caso de que sea absuelta y recupere el poder.
Rousseff se ha rodeado de parlamentares afines y de su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, para escribir la misiva, la cual deberá ser presentada la próxima semana después de varias divergencias sobre su contenido.
Uno de los puntos críticos del documento fue la introducción de la palabra “golpe”, como la izquierda ha calificado el proceso de destitución abierto en su contra por unas irregularidades en las cuentas públicas.
Según parlamentares próximos a la mandataria, Rousseff defiende colocar el concepto de “golpe”, pero algunos aliados han intentado convencerla de que acusar a los senadores de “golpistas” podría quitarle todavía más votos en el juicio final.
La redacción de la carta también ha mostrado el distanciamiento vivido en los últimos meses con el Partido de los Trabajadores (PT), que ya se prepara para ser oposición después de 14 años al frente del Ejecutivo.
El presidente del PT, Rui Falcao, expresó públicamente su rechazo a la propuesta de plebiscito popular para anticipar las elecciones de 2018, el principal argumento usado por Rousseff en la carta dirigida principalmente a los senadores.
La brecha abierta entre el PT y Rousseff se ha ampliado en la recta final del proceso de destitución y ambos se acusan entre bambalinas de la inminente pérdida de poder de la formación
La mandataria deslizó en las últimas semanas críticas contra el partido, que disputará las elecciones municipales de octubre en medio de la peor crisis en sus 36 años de formación y salpicado por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
