Brasil cerró hoy una de las semanas más negras de su historia carcelaria con al menos un centenar de reclusos brutalmente asesinados en reyertas en varias prisiones del país, que han puesto en evidencia por enésima vez el caos en el que está sumido el sistema penitenciario.
El último episodio se vivió hoy en una cárcel pública del centro de Manaos, capital del estado de Amazonas, con un resultado de al menos cuatro reos muertos, quienes fueron ejecutados con una violencia medieval por otros presos, un modo de actuar repetido en las masacres registradas esta semana.
“De los cuatro presos muertos, tres fueron decapitados y uno fue muerto por asfixia”, señaló la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Amazonas en un comunicado.
No obstante, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Epitácio Almeida, elevó la cifra a cinco y comentó que además hay varios desaparecidos.
El penal en el que se produjo la revuelta dejó de funcionar en octubre pasado por recomendación del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) debido al hacinamiento y a su precaria infraestructura, pero fue reabierto esta semana para albergar a unos 300 internos de otra cárcel en la que también se vivió una matanza.
Los familiares de los reclusos acudieron a las puertas de la cárcel desde la madrugada en busca una información que no obtuvieron, lo que desembocó en la quema de algunos objetos.
La improvisación del Gobierno de Amazonas para contener la crisis es un ejemplo del colapsado sistema penitenciario brasileño, el cual acoge a 622.000 presos, un 67,3 % por encima de su capacidad, y está prácticamente dominado por facciones criminales.
La crisis comenzó entre el 1 y el 2 de enero en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj), también en Manaos, cuando miembros de la banda Familia do Norte (FDN) iniciaron una cacería sanguinaria contra integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), la cual dejó 56 muertos.
El episodio supuso la segunda mayor masacre en la historia carcelaria de Brasil tras el ocurrido en 1992 en una Casa de Detención de Sao Paulo, conocida como Carandiru, en la que murieron 111 reclusos.
Además, las autoridades encontraron hoy tres cuerpos en avanzado estado de descomposición próximos al Compaj y se investiga si tienen relación con los sucesos de principio de semana.
En otro penal de Manaos se contabilizaron estos días otras cuatro víctimas, mientras que en una cárcel del estado de Paraíba hubo dos asesinados más.
La sombra de la corrupción también acecha, pues el diario “O Globo” publicó hoy que la empresa privada que se encarga de la administración de muchas de las cárceles de Amazonas donó en 2014 alrededor de 1,2 millones reales (unos 360.000 dólares) al actual gobernador José Melo para financiar su campaña electoral.
En un intento por evitar más motines, el Ministerio de Justicia autorizó hoy reforzar la seguridad en las prisiones de los estados de Amazonas, Rondonia y Mato Grosso con el envío de tropas especializadas y nuevos equipamientos.
En cuanto al estado de Roraima, el Gobierno regional “aún no tuvo contacto con el ministro” Alexandre de Moraes, quien convocó una reunión para el 17 de enero con todos los secretarios de seguridad del país, según un comunicado de la cartera.
Sin embargo, según el Gobierno de Roraima, ellos ya solicitaron con “urgencia” ayuda federal tras el motín en octubre pasado que provocó la muerte de 10 presos, pero esta le fue denegada.
Y es que el caos carcelario se agravó el viernes con el hallazgo de 31 cuerpos amontonados en los pasillos de una cárcel de Boa Vista, la mayor de Roraima, más otros dos enterrados, por motivos aún desconocidos.
Por otro lado, la Policía brasileña trabaja todavía en la busca y captura de los 184 presos que huyeron de los centros penitenciarios de Manaos, de los cuales más de cien continúan fugados.
El presidente de Brasil, Michel Temer, se reunió el sábado con la presidenta de la Corte Suprema, Cármen Lúcia Antunes, para tratar la crisis y buscar acciones conjuntas entre el Poder Ejecutivo y Judicial.
Ante las sucesivas matanzas, el mandatario se vio obligado a adelantar la publicación del Plan Nacional de Seguridad, que incluye la modernización de los centros penitenciarios y la construcción de cinco nuevas prisiones federales.
A pesar de los alrededor de cien muertos y de las armas blancas, los celulares, el rúter y hasta el rifle del calibre 32 encontrados en las inspecciones realizadas estos días en las citadas prisiones, De Moraes reiteró el viernes que el sistema penitenciario “no salió de control”.
Las víctimas en cárceles durante los primeros siete días de enero representan alrededor del 25 % de las registradas durante todo 2016 (unas 370).
