El Gobierno de Bahamas invitó hoy a la CIDH a visitar el país para evaluar la situación de los inmigrantes recluidos en el Centro de Detención Carmichael Road, la mayoría de ellos haitianos, que presuntamente viven hacinados, sin acceso a la salud y en condiciones inhumanas.
En una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro del Estado para Asuntos Judiciales bahameño, Damian Gomez, invitó a la Comisión a visitar tantas veces como quiera y durante todo el tiempo que necesite Bahamas, con el fin de mostrar “la fe de la nación en el Estado de Derecho”.
El Estado respondió así a las críticas de tres organizaciones defensoras de los derechos humanos que denunciaron que los inmigrantes detenidos en el centro de detención viven hacinados, sin atención médica, sin las condiciones de higiene adecuadas y sin acceso a asistencia legal que les permita resolver su situación.
“El dolor de los peticionarios es tan grande como la falsedad de sus alegaciones. Se ha acusado al Gobierno de Bahamas de fascismo y nazismo y de contribuir a un genocidio. Se ha comparado al centro de detención con Auschwitz y esas críticas no pueden quedar sin respuesta”, dijo el ministro.
“Lejos del fascismo y el nazismo, buscamos abrazar a los hermanos y hermanas que han nacido en nuestro país con padres extranjeros, muchos con ascendencia haitiana y otros no. Muchos pobres y otros ricos, pero buscamos incluir a todos”, afirmó el ministro.
Acompañado por el embajador del país ante la OEA, Elliston Rahming, y el embajador del país en EE.UU., Eugene G. Newry, el ministro mostró ante la Comisión unas fotografías del Centro de Detención en las que se podían ver camas limpias y espacios amplios.
La imagen no tiene que ver con la situación que defendieron las organizaciones, que describieron un centro de detención “inhumano” donde una embarazada detenida tuvo que dar a luz en el suelo sin atención médica y adonde ningún abogado independiente puede acceder para evaluar las condiciones de los inmigrantes.
Frederick Smith, de la Asociación de Derechos Humanos de la Gran Bahama, sostuvo que la situación migratoria en Bahamas cambió el 1 de noviembre de 2014, cuando el Ejecutivo bahamés estableció nuevas políticas migratorias, que afectan a los permisos de trabajo y las autorizaciones para residir en el país.
Hasta el 1 de noviembre de 2014, según los denunciantes, el Gobierno de Bahamas daba a las personas nacidas en el país de padres extranjeros certificados de identidad, que les permitían ir a la escuela y gozar de servicios públicos.
Sin embargo, bajo la nueva política y según los peticionarios, los certificados emitidos previamente por el Estado ya no son válidos y todos los inmigrantes que quieran quedarse en el país necesitan presentar el pasaporte válido de sus padres y una autorización para residir en el país.
