plicabilidad de resolución 12/2018 es el mayor reto para el organismo; partidos dijeron apoyarían reglamentación
La autoridad de la Junta Central Electoral (JCE) podría quedar cuestionada de cara a las elecciones del 2020 ante la posible inaplicabilidad o ilegalidad de la resolución 12-2018 que prohíbe actividades proselitistas a destiempo y si finalmente se aprueba la ley de partidos políticos y recae en ese organismo la responsabilidad de organizar las primarias para escoger los candidatos de los partidos políticos.
Aunque la esencia de la medida del organismo comicial de limitar el tiempo de las campañas electorales no ha recibido el rechazo de ningún sector o dirigente político, la JCE ha sido acusada de desbordar los límites de su competencia reglamentaria y de haber tomado la decisión sin previa consulta con los partidos.
En enero de este año la JCE se reunió con los presidentes de 21 partidos políticos, incluido Leonel Fernández, presidente del PLD, quienes se comprometieron a apoyar la JCE para que reglamente la campaña electoral en caso de que no se apruebe la ley de partidos y la modificación a la ley 275-97.
Recientemente, el pleno de la JCE conoció una solicitud del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, para que emita un reglamento de campaña electoral que abarque además del tiempo, el gasto y acceso a los medios de comunicación y la respuesta del organismo fue que la solicitud es extemporánea.
La legalidad y aplicabilidad de la resolución 12-2018 del organismo electoral ha sido cuestionada por juristas como el expresidente Fernández, Emmanuel Esquea Guerrero, Vinicio (Vinicito) Castillo, Namphi Rodríguez y el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Roberto Rosario.
Coinciden en que la JCE se extralimitó al emitir una medida que carece de fundamento legal y violaría derechos fundamentales. Igualmente, cuestionan la decisión de la JCE de pedir el apoyo para aplicar la decisión de instituciones públicas como Interior y Policía, las alcaldías y gobernaciones provinciales. Sin embargo, abogados como Cristóbal Rodríguez y Carlos Salcedo; el expresidente Hipólito Mejía; los exmiembros de la JCE José Ángel Aquino y Eddy Olivares; entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Justicia y Transparencia y Participación Ciudadana han defendido la legalidad de la medida y dado su respaldo.
No es la primera vez que la JCE intenta regular la campaña electoral a través de reglamentos, pero no ha tenido éxito debido a la ausencia de un marco legal que respalde la medida. En el 2007 fue la primera vez que el organismo intentó hacerlo y tuvo que dejar sin efecto la propuesta y lo propio ocurrió en el 2012, 2014 y 2016. Los alegatos de la JCE para desestimar esas propuestas es la falta de un marco legal y la violación a los derechos fundamentales como la libertad de asociación y de tránsito.
Amén de las consideraciones jurídicas y del apoyo que ha recibido el organismo con su intención de limitar los tiempos de la campaña electoral, con el paso del tiempo esa medida corre el riesgo de quedar en el olvido porque la JCE no cuenta con los mecanismos de operatividad que le permitan su aplicación.
