A nueve días de vencer el plazo para el Plan de Regularización de Extranjeros, los incidentes entre haitianos que buscan documentarse en los centros de Santiago y otras provincias del Cibao son frecuentes, lo que ha obligado a la Policía reforzar la seguridad.
Mientras que organismos de derechos humanos dominicanos y haitianos acusan a los gobiernos de los dos países de la situación prevaleciente.
El pastor Gerard Berlus, del Centro Haitiano de los Derechos Humanos, denunció que un compatriota suyo supuestamente fue golpeado en la cabeza por un agente de la Policía dominicana en un incidente ocurrido en el centro de documentación que opera en la gobernación de Santiago.
Subrayó que su compatriota tuvo que ser atendido en el Hospital Regional José María Cabral y Báez, de Santiago, debido al golpe que sufrió en la cabeza.
Consultado sobre la denuncia de Berlus, el vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional con asiento en Santiago, coronel Lorenzo Morillo, dijo que no tiene conocimiento de ese incidente.
De su lado, Fernando Polo, de la Iglesia del Séptimo Día, criticó la lentitud con que se desarrolla el Plan de Regularización y exigió al Gobierno dominicano que lo extienda hasta diciembre.
Los pleitos entre haitianos se hacen cada vez más comunes por múltiples razones, principalmente porque hay personas que según denuncias venden los turnos o tratan de quitárselos a la fuerza a otros compatriotas.
Los haitianos se quejan porque en los últimos días cientos han cruzado la frontera con el fin de regularizarse, aún si vivir en el país.
Muchos de ellos dijeron que no saben cómo a esos haitianos las autoridades los dotaron de cédulas y actas de nacimiento, mientras a los que viven en República Dominicana les ponen todo tipo de trabas.
En los últimos días, de acuerdo a una fuente de la Policía, han sido detenidos varias personas por verse involucradas en incidentes en el centro de documentación de Santiago.
Aunque en menor proporción que la que prevalece en Santiago, similar situación se presenta en los centros de documentación que operan en Puerto Plata, Valverde y Dajabón.
El jurista Dionisio Jerez, presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos en la zona norte del país, en declaraciones al Listín Diario, denunció que el Gobierno debe flexibilizar los requisitos que exige a los extranjeros que viven en el país en condición migratoria irregular y que tratan de regularizarse.
Según Jerez, las autoridades han establecido demasiados requisitos a los extranjeros ilegales y han incurrido en violaciones a la ley del notariado público.
El activista de derechos humanos en la zona norte declaró que pedir a un extranjero que vive de manera ilegal en el país un acta de notoriedad pública que se hace con ciertos testigos, que es con el que se prueba el arraigo social, y además copias de su cédula del país de origen y las de las personas que atestiguan, es contrario a la ley.
Jérez afirma que viola la ley 302 del Notariado que establece que el notario es un oficial público que tiene fe en sus documentos y actuaciones y que solo puede ser “atacados con una inquisición de falsedad”.
