La Cámara de Cuentas reveló este lunes varios hallazgos en la auditoría realizada a la gestión de Donald Guerrero al frente del Ministerio de Hacienda, correspondiente al período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.
En el informe se identificaron violaciones a disposiciones legales relacionadas con la contabilidad gubernamental, el control interno, las compras públicas, las obligaciones tributarias y la función pública.
Principales hallazgos en la gestión de Guerrero, quien, junto a otros ministros, es acusado de supuesta malversación de más de 41,000 millones al Estado:
- Ingresos que no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
- Expedientes de pago con documentación incompleta.
- Inconsistencias en la adquisición de combustibles.
- Deficiencias en el registro de bienes de uso.
Los informes se publican poco más de un mes después de la toma de posesión del nuevo pleno de la Cámara de Cuentas, presidido por Emma Polanco.
Este equipo reemplazó a uno que fue ampliamente cuestionado por su ineficiencia, marcada por conflictos internos y posibles conflictos de interés, lo que impidió el avance de las auditorías. La situación llegó a tal punto que se llegó a considerar un juicio político en el Congreso Nacional.
La investigación de los peritos reveló la existencia de bienes que no fueron localizados ni registrados en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB).
Esta situación pone en duda la confiabilidad y utilidad de los registros contables, afectando la planificación, ejecución y toma de decisiones en la gestión institucional, y comprometiendo directamente la transparencia, la eficacia y la rendición de cuentas, según el órgano auditor.
El informe fue firmado el 20 de mayo del 2025 por Fabio Enríquez Roa y Ennyy Santo Ureña, director de Auditorías y supervisor del Grupo de Auditoría, respectivamente.
Obligaciones fiscales
En el ámbito tributario, la auditoría determinó que Hacienda incumplió con su rol de agente de retención, omitiendo la deducción del Impuesto sobre la Renta (ISR) en múltiples casos y realizando pagos por servicios sin asumir correctamente las obligaciones fiscales correspondientes. Incluso, se contrató a proveedores no registrados en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).
En lo relativo a las contrataciones públicas, el informe señala que se firmaron contrataciones sin agotar el proceso de selección, modificaciones contractuales sin órdenes de cambio, fraccionamiento de compras, uso indebido de excepciones, y que las mismas no fueron obligatorias en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El informe también señala fallas graves en la composición del Comité de Compras y Contrataciones, además de la inexistencia de actos administrativos que delegaran formalmente la representación requerida para estos procesos.
Estas omisiones contravienen la Ley de Compras y Contrataciones y vulneran los principios de transparencia, igualdad y publicidad en los procesos de adquisición del Estado.
Además, la entidad señala las irregularidades lesionan el interés público y comprometen la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios involucrados, conforme a lo establecido en los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas.
También recuerda que el artículo 138 de la Constitución exige a servidores públicos actuar con apego a principios de eficacia, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, la Cámara de Cuentas informó que el informe ha sido remitido a las instancias correspondientes para los fines legales pertinentes.
En los informes financieros la auditoría hallaron las siguientes irregularidades
- Ingresos por la suma de RD$109,521 no depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
- Expedientes de pagos por un monto de RD$46,580,555 que carecen de documentos o soporte.
- Debilidades en los expedientes de adquisición de combustible.
- Bienes de uso por valor de RD$808,064, no registrados en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB).
- Bienes de uso por un monto de RD$283,895, no identificados ni ubicados físicamente.
- Diferencia de RD$362,000 entre la factura de bienes muebles adquiridos y el SIAB.
- Impuestos sobre la renta por un monto de RD$16,663, dejado de retener y aplicado de manera inadecuada.
- Contratación de consultorías sin cumplir formalidades legales tales como: ausencia de procedimiento de selección, sin aplicar las normas especiales para su contratación y proceso de selección inadecuado por un monto de RD$4,915,102, RD$795,000 y RD$6,313,000, respectivamente.
- Contratación de servicios con contratista no inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por un monto de RD$31,409,469.
- Adendas que modifican el objeto contractual por un monto de RD$29,203,491.
- Comparación de precios sin cumplir formalidades legales, tales como: ausencia de invitación, fraccionamiento en adquisición de bonos, por un monto de RD$11,697,584 y RD$4,982,200, respectivamente.
- Inadecuada composición del Comité de Compras y contrataciones en la recepción, aperturas y lecturas de Sobres A y Sobres B.
- Uso de excepción en contraposición a disposiciones legales entre los cuales: proveedor único en contratación de servicios por un monto de RD$4,444,938.
- Modificación de partidas en obras, sin órdenes de cambio aprobadas.
