SANTIAGO.-Después de un fin de semana de reuniones, declaraciones de imputados la atención de amplios sectores de la sociedad dominicana se concentra en la decisión que tomará el juez Francisco Ortega, quien conocerá la medida de coerción a los acusados en el expediente, por supuestos sobornos pagados por la empresa constructora brasileña, Odebrecht.
El proceso que ha sido suspendido en dos ocasiones, se ha caracterizado por declaraciones de imputados, como la Temistocles Montás, quien ha revelado que recibió recursos para campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), más las opiniones de abogados de la barra de la defensa de otros imputados en el caso.
La pregunta que circula entre profesionales y la población llana, es si el magistrado impondrá medida de coerción de 18 meses a los implicados en el caso, como ha solicitado de Procuraduría General de la República.
Las discusiones versan en el entendido de que el magistrado tiene varias opciones, tal y como lo establece el Código Penal, que por tratarse de funcionarios, pasados y actuales; así como congresistas y destacados dirigentes de partidos políticos, éste podría disponer otro tipo de medida que no sea la prisión.
De su lado los abogados de la defensa de una parte de los imputados, se pasaron el fin de semana dando informaciones concernientes al contenido del expediente, en los que aseguran no existe tal participación de éstos en dicho soborno y la misma declaración de bienes de los mismos.
No obstante diversos sectores empresariales y organizaciones de la sociedad civil, reiteran su petición de que en torno al caso se apliquen drásticas sanciones, contra los sobornados y lo mismo solicita la población común.
La imputación versa sobre el pago de US$92 millones de dólares para la aprobación de obras ejecutadas por dicha empresa multinacional, en la República Dominicana.
Lo cierto es que el tema en los círculos y conglomerados sociales es si habrá cárcel o no en la reanudación del conocimiento de la medida de coerción, solicitada por el Ministerio Público, para las personas que ha acusado.
