La Asociación de Propietarios de Terrenos Turísticos de Cabo Engaño denunció este miércoles que, pese a tener los documentos que acreditan la titularidad de los terrenos y las autorizaciones necesarias para cerrar el acceso a sus propiedades, el abogado del Estado y fuerzas policiales destruyeron las instalaciones creadas para controlar el paso.
En un comunicado, explicó que el sistema de control para proteger las propiedades en Cabeza de Toro, Verón, provincia La Altagracia, tiene permisos aprobados en 2019, pero que la oficina del Abogado del Estado del Este, con asiento en El Seibo, utilizó una orden contra la caseta de guardia, emitida en 2018, ya caducada.
Precisó que la oficina del Abogado del Estado del Este emitió el 21 de octubre pasado la resolución 184-220 que ordena eliminar ese control, pero que los propietarios presentaron un recurso jerárquico contra esa decisión, notificada Abogado del Estado, al fiscal de Higüey, a la Dirección Regional de la Policía y los departamentos de esa institución en Higüey y Verón para que no otorgaran la fuerza pública para ese caso.
Aseguró en la nota que es falso que se están eliminando los controles de acceso a la playa “porque los vigilantes de la propiedad nunca impidieron el acceso a la playa de Cabeza de Toro, que siempre ha estado libre para el disfrute de las personas”
Aseveró que la caseta y el retén destruido controlaba el ingreso de vehículos a una propiedad privada protegida por la ley, en la que se programa un desarrollo turístico.
Se trata, dijo la asociación, de una parcela legalmente saneada hace más de 30 años, que ha sido afectada por ocupaciones ilegales que durante más de una década retardaron desarrollo turístico de una de las mejores zonas de Punta Cana aún disponible, y propiedad de siete empresas.
Los abogados de la asociación explicaron que los ocupantes ilegales se han valido de maniobras de todo tipo, “a veces con apoyo de autoridades inescrupulosas”, para mantener reclamos “sin fundamentos”.
Citaron como ejemplo el caso de una persona que reclamaba la propiedad de terrenos titulados porque la parte que supuestamente le correspondía en la parcela se la había comido el mar.
Otro caso parecido fue con un título sin respaldo hecho en el gabinete de un agrimensor que tenía una parte importante dentro del mar, y otro de un ocupante que no tenía ningún documento con que amparar un reclamo de cientos de millones de pesos para abandonar el lugar.
Relató como el caso más singular, el de un ocupante que tenía una destartalada caseta, que fue desalojado, después de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y, meses después de ejecutada la decisión, otro tribunal mandó a detener el desalojo basando su decisión en que a pesar del derecho de propiedad había que proteger a 22 niños que vivían en ese lugar que siempre ha estado deshabitado.
