CARACAS, Venezuela.- La Asamblea Nacional declaró la falta absoluta del presidente Nicolás Maduro por abandono del cargo. En teoría, esta medida implica la remoción de Maduro y la convocatoria a elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. Sin embargo, en la práctica, esta sanción no tendrá ningún efecto, porque el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el Parlamento está en “desacato” y todos sus actos son nulos.
La Cámara votó este acuerdo en la fecha límite que permitiría impulsar un cambio de Gobierno en el país. De acuerdo con la Constitución venezolana, si Maduro deja el poder después de comenzar su cuarto año de mandato –cosa que ocurrirá este martes 10 de enero- el Vicepresidente completará los dos años del periodo que restan hasta 2019. Es decir, el chavismo seguiría controlando el Ejecutivo.
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La bancada de la Unidad Democrática apeló a la figura del abandono del cargo, contenida en la Carta Magna, luego de que el 13 de diciembre aprobara la responsabilidad política del Jefe de Estado “por la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación que ha llevado a cabo”. Aunque físicamente se mantiene en Miraflores, los promotores de la iniciativa argumentan que Maduro no cumple con sus funciones y es el principal culpable de la crisis que azota a Venezuela, caracterizada por la escasez de alimentos y medicinas, una alta tasa de inflación que se acerca a 600% y una violencia criminal que, según datos extraoficiales, cerró con una cifra récord de 28,479 asesinatos en 2016.
“No tienen facultad”
El encargado de cerrar el debate fue el expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, quien aclaró que si bien esta disposición legislativa no concluiría con la defenestración de Maduro, “nosotros no nos podemos abstener de cumplir con nuestros deberes constitucionales. Nosotros no vamos a incurrir en abandono”. Los representantes de Avanzada Progresista, miembros de la fracción opositora, salvaron su voto por considerar que esta decisión “complica la ruta electoral que debe ser nuestro principal objetivo estratégico” y “es una acusación ineficaz e inejecutable”.
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Antes de que la Asamblea Nacional iniciara el debate, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el que advierte que los diputados “no tienen la facultad para destituir al Presidente de la República”. La cúpula del Poder Judicial recordó que en noviembre prohibió a los legisladores “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.
La ofensiva del Legislativo confirma el fracaso del proceso de diálogo que el oficialismo y la oposición iniciaron el pasado 30 de octubre con la facilitación del Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).
Tras los últimos contactos entre las partes, que se realizaron el 6 de diciembre de 2016, los acompañantes internacionales solicitaron “a los poderes públicos no aprobar o abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero de 2017”, cuando tenían previsto retomar las conversaciones. Ninguno de los actores respetó esta petición.
La crisis política en Venezuela se agudizó a finales de octubre pasado, después de que la justicia penal suspendió la celebración del referendo revocatorio que la oposición pretendía activar para echar a Maduro del palacio de Miraflores. La mayoría parlamentaria rechazó el bloqueo de la consulta electoral y denunció que en el país se instauró una dictadura.
