Al igual que Donald Trump, el gobierno de Mauricio Macri decidió pasar a la acción en su propósito limitar el ingreso de extranjeros a Argentina.
Macri no propone la construcción de un muro, pero desde esta semana endureció los controles migratorios en la frontera terrestre y aeropuertos, se sucedieron numerosos operativos en Buenos Aires de fuerzas de seguridad para control de documentación y está por salir un decreto para acelerar su expulsión si infligen la ley, entre otras medidas.
Este endurecimiento de la política migratoria de Argentina, con una larga tradición de “brazos abiertos” para los extranjeros, busca dar respuesta al reclamo social contra la inseguridad y el aumento del narcotráfico que se atribuyen en parte al fácil ingreso de foráneos con antecedentes penales, justo en un año electoral.
Pero al mismo tiempo genera resquemores con países vecinos mientras organismos de defensores de derechos humanos advierten que estigmatiza a los extranjeros y viola acuerdos internacionales.
“No tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con la delincuencia”, dijo el viernes el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en una entrevista radial. Funcionario responsable del control de las fronteras, Frigerio aseveró que se busca “impedir el ingreso de delincuentes que, de alguna manera, son expulsados de otros países y generar mecanismos para que, si los encontramos en nuestro país, los podamos expulsar rápidamente”.
Un inédito operativo conjunto de fuerzas de Seguridad y agentes de Aduana y Migraciones rompió este viernes con la rutina en la estación de ómnibus Liniers, en límite oeste de la capital argentina. Allí arriban autobuses procedentes de Bolivia y Perú.
Los agentes federales pedían documentación y revisaban el equipaje de los pasajeros recién arribados. Hubo casos de viajeros a los cuales se les detectó antecedentes penales y también se secuestró equipaje que contenía mercadería de contrabando, dijo a The Associated Press un oficial presente en el lugar que no quiso identificarse por no estar autorizado.
“Es bueno que se controle, así se pone en regla a todo el mundo”, dijo a AP Betty Yugar, una ciudadana de origen boliviano que se radicó hace 20 años en Argentina. “Se puede sacar todo los que son delincuentes… lo malo sería que nos tilden a todos los extranjeros de que estamos metidos. Si yo vengo acá a trabajar honradamente, que no me tilden como otra persona que viene a delinquir”.
Desde esta semana también se implementó en aeropuertos y puertos el sistema API (Advance Passenger Information, por sus siglas en inglés), el cual permite obtener información anticipada de pasajeros 30 minutos antes de que embarquen hacia Argentina. De esta forma, las autoridades migratorias pueden conocer si el visitante tiene antecedentes o pedido de captura antes de su arribo.
“Nos permite tener perfil de riesgo, porque a partir de esas nóminas podemos cruzar la información, ver perfiles de riesgos, patrones delictivos que tiene que ver con trata, tráfico, narcotráfico, contrabando”, explicó Horacio García, titular de la Dirección Nacional de Migraciones.
El gobierno, además, avanzará en la reforma de la ley de inmigraciones a través de un decreto para acelerar la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados por delitos con penas mayores a los tres años de prisión. La expulsión del condenado puede llevar años hasta que se agoten todas las instancias de apelación. Trascendió que también podrían cambiar los requisitos para acceder a la nacionalidad argentina.
Amplios sectores de la sociedad apuntan contra los extranjeros por la ola de robos violentos, muchas veces con un desenlace fatal para la víctima, que afectan a zonas de la capital y los suburbios de Buenos Aires. A fin de año, la opinión pública se conmocionó por la muerte de Brian, de 14 años, en medio de una balacera entre un delincuente de origen peruano y la policía.
“Argentina es un país libre para todos, los argentinos necesitamos trabajar y de los otros países nos vienen a sacar puestos de trabajo. Me parece muy bien que sean más duros”, apuntó Marcos Alves, a punto de abordar un autobús en la estación de Liniers.
Expertos en seguridad, además, alertaron sobre las acciones cada vez más frecuente de bandas de narcotraficantes procedentes de distintos países de la región. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró esta semana que el 33% de los detenidos por delitos relacionados con narcotráfico son oriundos de Bolivia, Perú y Paraguay.
Este comentario le valió al gobierno argentino una queja formal de Bolivia, el cual convocó al embajador argentino en La Paz para que dé explicaciones.
Mientras tanto más de un centenar de organizaciones civiles emitieron un comunicado esta semana bajo el título “Migrantes en jaque”, en el cual denunciaron que el gobierno exagera el impacto de los extranjeros en el delito __los extranjeros representan el 6% de la población carcelaria argentina, según cifras oficiales de fines de 2015__ y que su objetivo es “la estigmatización de las personas migrantes”.
“La reforma de leyes importantes, que afectan derechos, por medio de decretos significa una práctica deficitaria en términos democráticos”, señalaron.
