La firma tecnológica Apple dice no tener obligación de acatar una orden de un tribunal federal para ayudar al Buró Federal de Investigación (FBI) a desbloquear un iPhone porque la Constitución estadounidense lo prohíbe.
La compañía con sede en Cupertino (California) señaló, en respuesta a una moción emitida el pasado jueves por el Departamento de Justicia, que la Ley All Writs de la que ha echado mano el Gobierno para forzar la colaboración de Apple no es aplicable en este caso.
El FBI ha pedido a Apple que diseñe un software que le permita esquivar el sistema de seguridad de un iPhone utilizado por uno de los autores del tiroteo de diciembre en la ciudad californiana de San Bernardino (EE.UU.), en el que murieron 14 personas y 22 resultaron heridas.
“El Gobierno está intentando reescribir la historia al presentar la ley (All Writs) como una varita mágica todo-poderosa en lugar de una herramienta procedimental con limitaciones”, afirmó Apple en un documento enviado a última hora del martes al tribunal en California donde se disputa el caso.
Apple pidió al citado tribunal rechazar la petición del Gobierno estadounidense porque la Ley All Writs no autoriza ese tipo de colaboración “y la Constitución la prohíbe”.
La empresa considera que la orden judicial que le exige colaborar con el Gobierno viola el derecho constitucional de la compañía a la libertad de expresión.
“Este caso surge en un contexto difícil y tras una terrible tragedia”, afirmó Apple, que insistió en que es precisamente en momentos tan emocionales como esos en los que los tribunales deben de “salvaguardar celosamente las libertades civiles y la ley y rechazar las extralimitaciones del Gobierno”.
“Este tribunal debería, por lo tanto, de rechazar la petición del Gobierno y anular la orden” que exige la colaboración de Apple con el FBI, afirmó la empresa tecnológica.
El Departamento de Justicia de EE.UU. tachó el pasado jueves de “falsa” y “corrosiva” la retórica de Apple e hizo hincapié en que “el Gobierno y la comunidad necesitan saber qué hay en el teléfono del terrorista (de San Bernardino) y el Gobierno necesita la ayuda de Apple para descubrirlo”.
La magistrada federal Sheri Pym ordenó a mediados de febrero a Apple ayudar al FBI a desbloquear y acceder al teléfono usado por Syed Rizwan Farook, que murió por disparos de la Policía junto con su esposa, Tashfeen Malik, después de que ambos agredieran a sus compañeros de trabajo en San Bernardino (California) en diciembre.
Apple presentó el pasado 25 de febrero un recurso de nulidad a la petición de Pym y señaló, en línea con su última respuesta al Gobierno, que la “orden sin precedentes” del Gobierno para que Apple le ayude a acceder a los datos en uno de sus iPhones “no encuentra apoyo en la ley y violaría la Constitución”.
La Ley Writs Act se incluyo en la Ley Judicial de 1789 que se aprobó en la primera sesión en la historia del Congreso estadounidense.
La ley solo se puede aplicar si no hay ningún otro estatuto, ley o regla para abordar el asunto a debate.
Además, se exige que la empresa en cuestión, en este caso Apple, tenga alguna conexión con la investigación, que haya condiciones extraordinarias que justifiquen su uso y que lo que se exige no suponga una carga excesiva.
