El 
), fue apoderado de un recurso de amparo en contra del director de Aduanas, Fernando Fernández y otros funcionarios del Gobierno acusados de abuso de autoridad y atentar contra la libre empresa.
El recurso fue interpuesto por la empresa Centro de Distribución de Hainamosa (CEDIMOSA), a través de los abogados Rubén Puntier y Weneslao Guerrero.
En la instancia se acusa a los funcionarios de impedirle retirar del puerto de Haina Oriental 750 atados de barras varillas para la construcción que ingresaron al país el 27 de abril de este año.
El recurso de amparo fue interpuesto, además, contra la ingeniera Jacqueline Medrano, directora de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; el ingeniero Manuel Guerrero, director del Instituto de la Calidad del Ministerio de Industria y Comercio (Indocal).
En instancia la empresa exige que los funcionarios aludidos cumplan con el reglamento RTD 458, que rige las importaciones de acero en República Dominicana.
Los abogados alegan que el acápite 18.2 del reglamento establece que en un plazo de 3 días, luego de llegar la carga a los muelles del país, Industria y Comercio y Obras Públicas deben rendir un informe sobre la calidad del producto y disponer que la dirección de Aduanas lo despache a los importadores, para la libre comercialización del mismo, en el territorio nacional.
Indicaron que “las trabas presentadas por los funcionarios mencionados y la resistencia a llevar los procesos libre de trabas de conformidad con los tratados internacionales no nos deja otra alternativa que recurrir a un amparo de urgencia para ajustar a la legalidad los abusos de la autoridad”.
Afirmaron que su cliente cumplió todos los requisitos y exigencias de importación planteados en el reglamento RTD 458.
Entre esas exigencias figuran la identificación del fabricante, del país de origen, el grado del producto, el número de colada, la norma de fabricación, el diámetro o designación de las barras de acero y la fecha de producción.
Además, que ese cargamento está provisto de los certificados de calidad que requieren las autoridades dominicanas, como el análisis químico de la colada y las propiedades mecánicas.
Recordaron que el artículo 50 de la Constitución Dominicana establece el derecho y el respeto a la libre empresa.
