El apartamento de tres plantas por el que fue condenado por corrupción el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril pasado, fue subastado hoy por 2,2 millones de reales (unos 606.400 dólares), informó la casa encargada de la puja.
El comprador, del que se desconoce su identidad, tan solo su nombre de usuario (“Garujapar”), ofertó el valor mínimo estipulado por el inmueble, localizado en el municipio de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.
El plazo para presentar ofertas por el apartamento se cumplía a las 14.00 hora local (17.00 GMT) de este martes y el vencedor, que según su perfil es de Brasilia, presentó su oferta cuatro minutos antes de cerrar la puja electrónica, que recibió más de 55.000 visitas desde su apertura.
Además de pagar el valor del apartamento, el nuevo propietario tendrá que pagar una deuda adicional de 47.000 reales (13.000 dólares) por impagos de condominio.
El exmandatario, que gobernó entre 2003 y 2010 y aún pretende presentarse a las elecciones de octubre, fue condenado acusado de haber recibido, en concepto de soborno, esa vivienda de parte de la constructora OAS, implicada en la red corrupta destapada en el interior de la petrolera estatal Petrobras.
Lula recibió una condena en julio del año pasado a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, una pena ampliada el pasado enero a 12 años y 1 mes por un tribunal de apelación.
El exgobernante siempre ha negado tales acusaciones y ha dicho que el proceso es una “mentira” creada por las autoridades para evitar que vuelva a la Presidencia.
Con un total de siete causas penales abiertas con la Justicia, la mayoría por corrupción, el antiguo dirigente sindical comenzó a cumplir la pena recibida el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur del país.
El máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera todas las encuestas electorales publicadas hasta la fecha, se considera un “preso político” y desde prisión ha confirmado su disposición de participar en las elecciones de octubre.
No obstante, la candidatura de Lula está en peligro ya que la ley electoral en vigor prohíbe a condenados en segunda instancia, como es el caso, presentarse a cargos electivos.
Su defensa ha asegurado que seguirá la batalla judicial en instancias superiores hasta que consiga la liberación del ex jefe de Estado, sin embargo, todos los recursos intentados hasta la fecha le han sido negados, incluidos varios en la Corte Suprema, el máximo tribunal del país.
