El Tribunal Supremo de Panamá ha declarado inconstitucional el contrato otorgado al conglomerado de Hong Kong CK Hutchison para operar dos puertos cerca del canal de Panamá, una licencia establecida en 1997 y prorrogada posteriormente que en los últimos meses ha sido blanco de múltiples declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado el grado de influencia china en la cotizada vía marítima.
El pleno de la Corte ha difundido su decisión en una publicación en redes sociales en la que indica que tras una «amplia deliberación y discusión» de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por la interventora general, Anel Flores, «contra la Ley (…), sus adendas y el acto de prórroga», que rigen los citados contratos portuarios, «en cumplimiento de su obligación como guardiana de la Constitución, ha decidido declarar que son inconstitucionales».
Asimismo, el tribunal ha matizado que los citados documentos legales atañen al «contrato de concesión entre el Estado y la sociedad Panamá Ports Company» (PPC), filial de CK Hutchison, «para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de las terminales portuarias de (…) los puertos de Balboa y Cristóbal».
EN LUCHA DE PODER
Estos dos puertos están en el centro de una lucha de poder entre Washington y Pekín en la que Trump critica la supuesta influencia china sobre el canal y ha amenazado con ponerlo bajo control estadounidense, mientras que el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha defendido reiteradamente el canal como una operación panameña sobre la cual el país ejerce plena soberanía.
La interventora general presentó en 2025 una demanda contra la última prórroga del contrato para ambas terminales alegando que el acuerdo le costó a Panamá más de 1.000 millones de dólares (838 millones de euros) en ingresos fiscales perdidos, así como que la filial Panama Ports no había logrado las aprobaciones necesarias para beneficiarse de la extensión contractual.
En este momento, CK Hutchison –que pretendía ceder los puertos de Balboa y Cristóbal como parte de su negocio global de terminales a un consorcio liderado por el fondo de inversión estadounidense BlackRock y la italiana Terminal Investment– tiene escasas opciones, ya que la decisión del Tribunal Supremo es inapelable, por lo que apenas podría presentar una petición de aclaraciones o, por otra parte, solicitar un arbitraje internacional.
La decisión tiene lugar un año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con tomar el control del crucial paso, alegando que estaba efectivamente bajo control chino y, por lo tanto, representaba una amenaza para la seguridad.
REESTRUCTURACIÓN DEL MARCO LEGAL
El fallo podría obligar a Panamá a reestructurar el marco legal necesario para celebrar contratos de operaciones portuarias y potencialmente requerir nuevas licitaciones para operar las terminales.
PPC ha negado todas las acusaciones y también se apresuró a rechazar la decisión del tribunal. «El nuevo fallo carece de fundamento legal y pone en riesgo no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria», ha señalado la compañía en un comunicado.
