Un fiscal de la República Dominicana ha presentado cargos contra cinco policías y un oficial de la marina por el asesinato de dos hombres en 2009, en un caso que Amnistía Internacional ha calificado de crucial, ya que indica la urgente necesidad de una reforma radical de la policía en el país caribeño.
El 19 de enero, la Procuraduría Fiscal de la provincia nororiental de Montecristi presentó cargos contra los agentes por su responsabilidad en el homicidio de William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, que murieron abatidos por disparos el 10 de octubre de 2009.
Amnistía Internacional ha hecho campaña para que se haga justicia por el homicidio de los dos hombres, y el año pasado planteó el caso en una reunión con el procurador general.
“Después de más de tres años, la decisión de imputar formalmente a estos policías y seguir adelante con las actuaciones policiales es un importante paso adelante; esperamos que en la investigación y el procesamiento se averigüe hasta dónde llega la responsabilidad de estos homicidios en la cadena de mando policial”, ha manifestado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“Esperamos que las novedades en este caso lleven a las autoridades dominicanas a seguir adelante con la anunciada reforma integral de las fuerzas de la Policía Nacional, que todos los años están implicadas en centenares de casos de homicidios y torturas.”
El 10 de octubre de 2009, Checo y Díaz murieron en Copey, en Villa Vásquez (provincia de Montecristi), presuntamente abatidos por disparos de los agentes que ahora han sido acusados. Según la policía, se buscaba a los dos hombres en relación con el secuestro de Eduardo Baldera Gómez, un joven que había desaparecido un mes antes en la ciudad de Nagua, en el noreste del país.
La Policía Nacional afirmó que ambos murieron en un tiroteo entre miembros de una banda y los agentes que respondieron a los disparos, pero una investigación llevada a cabo por el procurador general en noviembre de 2009 rebatió la afirmación al concluir:
“Por la gran cantidad de disparos que les infirieron a ambos secuestradores, así como por la trayectoria de los mismos, hace presumir que no se produjo el citado intercambio a tiros y que existió la intención de darles muerte a dichos señores.”
Las autoridades dominicanas aún no han impartido justicia en otros casos de violaciones de derechos humanos relacionados con el secuestro de Baldera Gómez, como la desaparición de Juan Almonte el 28 de septiembre de 2009.
En su reciente anuncio, la Procuraduría General afirmó que en el futuro no se tolerarán violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado.
“El anuncio de una política de tolerancia cero con las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales dominicanos es un cambio sumamente positivo con respecto al pasado, pero el caso de William de Jesús Checo y Cecilio Díaz es sólo uno de los muchos ejemplos de por qué se deben adoptar medidas para prevenir las violaciones de derechos humanos y garantizar una reforma radical de la Policía Nacional”, ha declarado Zúñiga.
Cada año, cientos de personas mueren a causa de la violencia policial en la República Dominicana, y la justicia tarda mucho en llegar o es simplemente inexistente.
En su informe de octubre de 2011 Cállate si no quieres que te matemos, Amnistía Internacional documentó una serie de casos de homicidios ilegítimos por parte de la policía.
En noviembre de 2012, el presidente nombró otra comisión para la reforma policial encargada de presentar una propuesta de reforma de la policía, incluido un anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional. Se espera que el presidente envíe en breve el anteproyecto de ley al Congreso.
