La Policía Nacional de la República Dominicana debe respetar las decisiones del Poder Judicial y abstenerse en todas circunstancias de presionar a los tribunales, y las autoridades del país deben iniciar sin demora una profunda reforma de la policía, dijo hoy Amnistía Internacional.
En incidentes que tuvieron lugar el pasado 5 de julio en la ciudad de San Francisco de Macorís, alrededor de 50 policías entraron en el Palacio de Justicia para sacar de su celda y llevar a un cuartel policial a un agente acusado del asesinato de un hombre el 3 de junio pasado.
Horas antes, los agentes policiales habían manifestado en las calles de la ciudad para protestar contra la decisión del Poder Judicial de dictar medidas de coerción contra el agente de policía.
“Las autoridades de la República Dominicana deben enviar el mensaje simple y claro de que nadie esta por encima de la ley, y asegurar que el Poder Judicial este protegido de cualquier presión y tenga la facultad de realizar su labor con total independencia,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Autoridades de la Policía Nacional y fuentes locales afirmaron que el agente de policía “liberado” corría el riesgo de represalias por parte de la familia de la victima y de la población local.
“La policía puede y debe tener medidas para asegurar la seguridad de cualquier preso en riesgo, incluyendo agentes de la policía detenidos, sin alterar el curso de la justicia,” dijo Javier Zúñiga.
“Es muy positivo constatar que la Jefatura de la policía ya ha condenado los hechos y los está investigando pero lo que realmente se necesita para evitar que este tipo de situación se repita es una profunda reforma de la policía y la creación de mecanismos e instituciones independientes para investigar abusos policiales.”
Este incidente confirma que la reintroducción de los tribunales de justicia policial como lo prevé la propuesta de ley orgánica de la Policía Nacional no va en el sentido de hacer más fácil la rendición de cuentas de la Policía Nacional.
“La Policía Nacional necesita ser sometida a controles eficaces por parte de de los poderes ejecutivo, judicial y legislativos. El nombramiento inmediato del Defensor del Pueblo y la atribución a esta institución de poderes de investigación independiente sobre la actuación de la Policía Nacional constituiría una avance considerable en materia de sometimiento de la Policía Nacional a controles externos.”
Un número de periodistas que cubrían los incidentes reportaron haber sufrido amenazas y golpes por parte de los policías que protestaban el encarcelamiento del agente.
La jefatura de la Policía Nacional criticó las acciones de los agentes y designó al Inspector General y al Director de Asuntos Legales para investigar los hechos. Durante el fin de semana el Jefe de la Policía Nacional se reunió con comunidades y autoridades locales de San Francisco de Macorís y se comunicó el arresto de 25 agentes para investigación.
Puro Enmanuel Díaz López murió el 3 de junio pasado en la ciudad de San Francisco de Macorís durante un supuesto intercambio de disparos con la policía en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
A principio de julio la Jueza Fidelina Ramirez, de la oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en el Palacio de Justicia de la Provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra el agente Marino Alfondo Torres que se reconoció culpable por la muerte de Díaz López.
La investigación de Amnistía Internacional ha revelado que la Policía Nacional comete cada año numerosas violaciones de derechos humanos, inclusivo homicidios ilegítimos, torturas y otros malos tratos y arrestos arbitrarios. Dos casos de supuestas desapariciones forzadas fueron también registrados desde el 2009.
