SANTO DOMINGO.- El Instituto Duartiano advirtió sobre un eventual sometimiento de la República Dominicana a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para viabilizar cambios constitucionales en materia de nacionalidad, una acción que «pondría en riesgo la soberanía nacional y el control migratorio del país».
Wilson Gómez Ramírez, presidente del organismo, explicó que el establecimiento del jus solis absoluto implicaría reconocer como dominicanos a hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional, independientemente del estatus migratorio de sus padres, lo que, a su juicio, tendría un impacto directo sobre la integridad del Estado dominicano.
Indicó que la eventual habilitación de la Corte Interamericana podría derivar en decisiones judiciales que limiten la capacidad del país para ejecutar repatriaciones de personas en condición irregular.
Instó al presidente Luis Abinader y al Congreso a prestar atención a lo que calificó como “aprestos preocupantes”, alegando que existe un flujo constante de autoridades hacia Costa Rica, sede del tribunal internacional, con el propósito de alcanzar acuerdos que coloquen al país bajo su competencia.
Insistió en que la posición oficial dominicana debe mantenerse firme frente a organismos internacionales y rechazó cualquier intento de retomar la tutela de dicha corte, subrayando que la soberanía nacional no puede ser comprometida bajo ningún escenario.
CRISIS HAITI
En medio de la compleja crisis sociopolítica que afecta a Haití, el Instituto Duartiano instó a las autoridades dominicanas a mantener una postura de prudencia y cautela, al tiempo que rechazó cualquier participación directa del país en iniciativas internacionales como el despliegue de fuerzas para combatir las pandillas en la vecina nación.
Gómez Ramírez consideró que la responsabilidad de atender la crisis haitiana recae en la comunidad internacional, particularmente en organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), así como en las grandes potencias, y no en la República Dominicana, que ha mantenido históricamente una política de no intervención.
Cuestionó la participación del canciller Roberto Álvarez en discusiones vinculadas a este tema, señalando que, por la naturaleza del mismo, correspondía a los embajadores de Estados Unidos acreditados en Haití y República Dominicana asumir ese rol de vocería.
Reiteró, además, la vigencia del artículo 3 de la Constitución dominicana, que establece la inviolabilidad de la soberanía nacional y el principio de no intervención como eje de la política exterior del país, advirtiendo que cualquier desviación de esa línea podría comprometer la estabilidad institucional.
