Miami, Florida.-La SIP alerta contra una ley que causaría un enorme retroceso para la libertad de expresión en República Dominicana.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre un proyecto de ley que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados de República Dominicana y que, de ser aprobado, constituiría un grave retroceso para la libertad de expresión en ese país.
El proyecto incluye reformas al Código Penal y, entre ellas, una que castiga las expresiones eventualmente ofensivas contra el Presidente y el Vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el procurador general de la República con penas de cárcel de dos a tres años y multas equivalentes a entre siete y nueve salarios.
Proceso de aprobación
“Esta disposición que ya aprobó, en primera lectura, la Cámara de Diputados dominicana, eleva a la difamación e injuria al rango de delito penal, cuando toda la jurisprudencia producida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos va en la dirección exactamente opuesta”, advirtió Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Paolillo, director del semanario uruguayo “Búsqueda”, dijo que si el Congreso dominicano continúa por este camino y acaba sancionando definitivamente esta reforma, “sentará un precedente enormemente negativo, no sólo para ese país, sino para toda la región”.
El contenido
El articulo 191 de la ley que está siendo discutida en el Congreso dice que constituye injuria el hecho de proferir públicamente a otra persona, física o moral, “cualquier expresión afrentosa, invectiva o que encie rre termino de desprecio”, lo que significa otra contravención a la doctrina proclamada por los países miembros de la OEA que favorece la despenalización de los delitos de palabra o contra el honor.
Violación Constitución
Además, la propuesta legislativa viola la Constitución de la República y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos al imponer un régimen de “lesa majestad”, “ley mordaza” o “ley de desacato”, y es asimilable a un régimen de “censura previa” para el tratamiento de asuntos relacionados directamente con los principales gobernantes.
“Sinceramente, esperamos que los parlamentarios que tienen este gravísimo asunto en sus manos honren la democracia dominicana, reflexionen y abandonen la idea de castigar con cárcel y multas a los periodistas o ciudadanos críticos de los gobernantes”, manifestó Paolillo.
CLERD y ODLE se pronuncian en contra
El CLERD y el ODLE emitieron ayer una declaración conjunta expresando su preocupación ante la inminente aprobación del nuevo Código Penal, que contiene peligrosas cláusulas para el ejercicio de la libertad de prensa.
El CLERD es una entidad cuyo principal objetivo es apoyar y divulgar los fundamentos de la libertad de expresión en todas sus formas y luchar por su plena vigencia en la República Dominicana.
El ODLE complementa esa labor mediante un monitoreo permanente de cuanto ocurre en el país en materia de libertad de expresión.
“Esperamos –dijo un vocero de ambas entidades- que los diputados sean sensibles al clamor público y realicen vistas públicas sobre el tema, para poder corregir lo que podría convertirse en una monstruosidad jurídica”.
Posición de organizaciones locales
Diversas entidades defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos han reaccionado por separado contra determinadas disposiciones contenidas en el proyecto de Código Penal que se discute en el Congreso Nacional.
El Colegio Dominicano de Periodistas, el Centro para la Libertad de Expresión en la República Dominicana (CLERD), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Observatorio Dominicano de la Libertad de Expresión (ODLE), así como algunos columnistas de periódicos y comentaristas de radio y televisión, han dado la voz de alerta ante la posible aprobación por el Congreso de algunos artículos del propuesto Código, considerados lesivos a la libertad de expresión.
Algunas de esas entidades han propuesto a la Cámara de Diputados celebrar vistas públicas, en interés de evitar lo que han llamado “una monstruosidad jurídica”.
Los artículos del 191 en adelante, del propuesto Código, establecen sancionar la difamación y la injuria con penas de prisión, cuando la tendencia predominante en el mundo es todo lo contrario, despenalizar esos delitos y castigarlos solamente con multas.
Esto así porque se teme que muchos periodistas se abstendrían de investigar irregularidades de funcionarios públicos por temor a ser encarcelados. Los funcionarios públicos deben estar preparados para el escrutinio de la sociedad. Por otra parte, el proyectado Código establece penas agravadas cuando la supuesta difamación se produce contra funcionarios públicos, lo que desnaturaliza cualquier labor periodística que tenga que ver con los mismos.
El presidente del Colegio de Periodistas, Aurelio Henríquez; el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Olivo de León; y el presidente del Centro para la Libertad de Expresión, Rafael Molina Morillo, coincidieron en invitar a los legisladores a estudiar la modificación de esa parte del Código antes de aprobarlo, así como a la celebración de vistas públicas sobre el tema.
El proyecto de ley ya está aprobado por el Senado y también lo fue en primera lectura en la Cámara de Diputados. Queda pendiente la segunda lectura.
