LIMA. El expresidente peruano Alan García aseguró que colaborará con la investigación abierta por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero recordó que él ya salió indemne de investigaciones similares y apuntó que “nadie puede ser investigado dos o más veces por los mismos hechos”.
García explicó en Twitter que la investigación ha sido ampliada por 36 meses y criticó que en ella se haya incluido a su exesposa, la argentina Pilar Nores.
Aseguró que los fiscales José Antonio Castañeda y Miguel Toyohama, a cargo de la investigación, involucran “injustamente” a Nores al atribuirle diez inmuebles, correspondientes a tres apartamentos, siete garajes y un depósito por el sótano.
“Inclusive, para crear escándalo, se habla de una ‘organización criminal’ mezclándome con personas y empresas que no conozco”, señaló García.
La investigación comprende también a una treintena de personas cercanas a García como los exministros Luis Nava, Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang.
Las pesquisas tienen como objetivo revisar si el aumento patrimonial que experimentó García y otros investigados durante los últimos 27 años se puede justificar con los ingresos declarados en ese mismo período.
Las diligencias se realizan de manera paralela a la otra investigación que la Fiscalía mantiene abierta contra García por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios de su Gobierno para adjudicarse millonarias obras públicas, como el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
García fue investigado por corrupción y violación a los derechos humanos tanto por su primer mandato, de 1985 a 1990, como por su segundo período presidencial, de 2006 a 2011.
Por el primero fue acusado de enriquecimiento ilícito y se le responsabilizó de la denominada “matanza de los penales”, que dejó a más de cien reclusos sentenciados por terrorismo muertos durante un motín, pero se exilió en Colombia y Francia hasta que la Corte Suprema declaró en 2001 que los delitos habían prescrito.
Tras su segundo mandato, el Congreso investigó sus irregularidades en una “megacomisión”, que descubrió distintos escándalos como los “narcoindultos”, donde unos 3.000 condenados por narcotráfico recibieron el indulto presidencial, la mayoría a cambio de sobornos.
Sin embargo, García no fue procesado por ninguno de los casos investigados por la comisión parlamentaria porque la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las denuncias al considerar que el Congreso vulneró los derechos del expresidente, por citarlo sin informarle sobre lo que investigaba.
