SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) pidió la renuncia en pleno de los jueces y suplentes de la Suprema Corte de Justiciade y los tribunales Superior Electoral (TSE) y Constitucional (TC), por haberse aumentado el sueldo, entre otras faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Julio César de la Rosa Tiburcio, vocero de la entidad de la sociedad civil, explicó que la Constitución de la República establece que “ninguna institución pública o autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos”.
Agregó que “la inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.
Dijo que los jueces de la SCJ se han apartado de los principios de esta alta corte, entre los cuales mencionó el juzgamiento equitativo de los ciudadanos, sin favoritismo ni privilegio.
Agregó que la equidad ha sido abandonada con la “escogencia de jueces de la instrucción especial que han conocido los casos de corrupción que hasta allí han llegado y evacuando decisiones alejadas del sano juicio, en adición al estancamiento de centenares de casos pendientes de decisiones judiciales que la alejan cada vez más del principio de prontitud y celeridad con el que debe actuar”.
Acusó, asimismo, a los jueces de la Suprema de haber refrendado las decisiones del Consejo del Poder Judicial, que dispuso el año pasado el traslado arbitrario y sospechoso de las magistradas Elka Reyes Olivo y Rosanna Vásquez Febrillet, del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, respectivamente.
Reyes Olivo fue transferida a la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santo Domingo y Vásquez Febrillet a la Quinta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, lo que “viola la Ley sobre Carrera Judicial, que prevé el traslado como un beneficio.
Advirtió que si los referidos jueces no renuncian, solicitaá a la Cámara de Diputados que “aperture una investigación tendente a juicio político ante el Senado de la República”.
