La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, deposito hoy una instancia al Procurador General de la Republica Francisco Domínguez Brito, para que investigue al actual Ministro de Economía Juan Temistocles Montas y principal vocero de la anunciada reforma, así como de los ex ministros de Hacienda Vicente Bengoa y Daniel Toribio, así como al ex director de Presupuesto Luis Hernández, para que respondan por el déficit presupuestario, en vista de que la estimación del déficit para el 2012 llegaría a 23 mil millones de pesos, llegando a la cifra de 155 mil millones de pesos como se ha anunciado.
El Coordinador General de la organización Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, dijo que le solicitaron la investigación a Domínguez Brito porque el denominado hoyo presupuestario es producto de violaciones a la constitución de la republica, de la ley de presupuesto y gasto público, como también de la ley de crédito público, indicándole que profundice respeto a la movilización durante la transición de más de 100 mil millones de pesos, en pago de contratos y deudas públicas que no estaban contempladas en el presupuesto del 2012.
El artículo 234, de la constitución dice: “una vez votada la Ley de Presupuesto General del Estado, no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra sino en virtud de una ley que, cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo, deberá tener el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara legislativa”; El Artículo 236, establece que: “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.
El Poder Ejecutivo no puede realizar ningún gasto que no esté establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado, y conforme a los datos ofrecidos, estaría gastando al cierre de 2012 la suma de RD$37,324 millones de pesos más de lo aprobado en la modificación establecida en la Ley No. 174-12; El Presupuesto General del Estado, para el año fiscal 2012, se aprobó mediante la Ley No. 294-11, del 27 de octubre de 2011, por un monto de RD$430,001 millones de pesos, con un déficit de RD$22,444 millones de pesos, equivalentes al 0.9% del PIB.
Al presentar el pacto fiscal se estableció que, al cierre del 2012, el total de gastos ascendería a un monto de RD$538,786 millones de pesos y el déficit terminaría en RD$155,946 millones de pesos, equivalentes al 6.8% del PIB1. Y que para cubrir dicho déficit y las amortizaciones de la deuda, el financiamiento se elevaría a RD$219,094 millones de pesos, equivalentes al 9.5% del PIB.
“Esto significa que estamos frente a una violación flagrante a la Constitución de la República; a la Ley No. 423-06, Orgánica de Presupuesto; a la Ley No. 06-06, de Crédito Público; y a la Ley No. 294-11, Presupuesto General del Estado para el 2012 y su modificación mediante la Ley No. 174-12, del 18 de julio de 2012; En el mes de junio, para legitimar el gasto ilegal ocurrido durante los primeros cinco meses, el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley de modificación a la Ley No. 294-11, el cual fue aprobado por el Congreso Nacional y convertido en la Ley No. 174-12, por un monto de RD501,462 millones de pesos, con un déficit de RD$100,355 millones de pesos, equivalentes al 4.4% del PIB y con un financiamiento de RD$156,724 millones de pesos, equivalentes al 6.8% del PIB”.
“El Poder Ejecutivo debe someter la modificación al Congreso con lo que se estima cerrará el año 2012, un monto de RD$538,786 millones de pesos y un déficit de RD$155,946 millones de pesos, equivalentes al 6.8% del PIB, detallando los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido, realizado en un marco de sostenibilidad fiscal y asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado, como lo establece el artículo 234, de la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero de 2010”.
En cuanto al financiamiento se presentan varias violaciones a la legislación vigente; Según el Artículo 38, de la Ley No. 423-06, del 17 de noviembre de 2006, Ley Orgánica de Presupuesto, se establece que: “Artículo 38.- En el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado se consignará el monto máximo del financiamiento a utilizar durante el ejercicio presupuestario. Dicho monto será detallado a nivel de cada una de las operaciones de crédito público cuya autorización se solicita en las Disposiciones Generales y de las que hayan sido aprobadas previamente por leyes específicas.”
“Artículo 21.- Las entidades del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas o autónomas no financieras y las instituciones de la seguridad social, no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en las disposiciones generales del Presupuesto General del Estado o en una ley específica; Párrafo.- En el Presupuesto General del Estado se deberán especificar las características básicas de las operaciones de crédito público autorizadas”.
Ninguna de estas condiciones legales se han cumplido en la ejecución del Presupuesto General del Estado para el 2012, por lo tanto, constituye una violación del Poder Ejecutivo que debe ser corregida con el sometimiento de un Proyecto de Ley de Modificación, que haga transparente el uso de los recursos públicos y que le permita a la ciudadanía evaluar la realidad fiscal y el compromiso en firme del Gobierno de ajustarse a la legalidad.
Evidentemente que el déficit presupuestario, es el producto del despilfarro público, en donde convergen diversos factores violadores de la constitución y las leyes, que se traducen en corrupción administrativa, por lo que hay responsables y como tal deben ser procesados judicialmente, para que respondan por ello, por constituir la proyectada reforma un perjuicio a la población dominicana, que en modo alguno tuvo responsabilidad en la situación presentada.
En la entrega de la solicitud de investigación a los funcionarios y ex funcionarios estuvieron Julio Cesar De la Rosa Tiburcio y Rigoberto Rosario, Coordinador General y Ejecutivo de ADOCCO, respectivamente.
